El valor del legislativo es evidente como origen del andamiaje legal y normativo de la vida pública e institucional del país y sus entidades federativas, más aún, cuando asume con dignidad su independencia y autonomía prevista por mandato de ley en el Artículo 49 Constitucional.
Al actuar así, adquiere una valía fundamental, imponiéndose como garante de la voluntad popular ante los no pocos intentos de gobernantes de talante autoritario que suponen que los demás poderes (legislativo y judicial) están bajo su tutela.
La separación de poderes permite un balance institucional de pesos y contrapesos, que hace posible el equilibrio entre los componentes del Estado y contención de la invasión de esferas de competencia, abusos de poder y concentración excesiva de facultades y atribuciones. Cualquier expresión contraria es un agravio y por supuesto que “los agravios siempre tendrán consecuencias” que, en este caso, conllevan un debilitamiento del sistema democrático, de la vida institucional y sobre todo del Estado de Derecho.
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La reciente crisis de gobernabilidad desatada en Nuevo León, puso de manifiesto el gran valor del contrapeso legislativo para alcanzar la estabilidad política y social; es por ello que, sin importar la configuración de las diversas composiciones políticas en los congresos locales y el federal, el legislativo por ningún motivo puede renunciar a su legítima función estabilizadora que haga realidad y dé sentido, a la esencia constitucional de México.
Un poder legislativo independiente y autónomo, fortalecido en la pluralidad política, jamás estará sometido o al servicio de otro Poder. Esta armonía de fuerzas, se autocontrola gracias a los pesos y contrapesos que permite la división de poderes, soportada en las teorías de Locke y Montesquieu.
Aunque el conflicto es más frecuente y visible en el caso del legislativo, el poder judicial no escapa a las imperfecciones del sistema político y a pesar del supuesto ánimo de dignificación y autonomía que en esta etapa ha surgido principalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene un sinnúmero de casos, sobre todo en el poder judicial de los estados, de expresiones de judialización de la política, por simple abyección al ejecutivo.
El sistema de justicia de ninguna manera puede ser el brazo ejecutor de la represión política de gobernantes que olvidan que la historia reiteradamente ha mostrado que, el constituirse en juez y verdugo, solo potencia la posibilidad de ser el sentenciado de mañana.
Los derechos humanos que consagra el texto constitucional, debieran ser suficientes para garantizar la igualdad y certeza jurídica que de ninguna manera permita que prospere la mínima expresión de abuso de poder, mucho menos con el apego y sometimiento de algún otro de los poderes, por lo que es preciso que “el poder, detenga al poder” cuando se extralimitan facultades. El sistema penal se reconfiguró para ser acusatorio adversarial, no inquisitivo adversarial.
El momento político, demanda visión de Estado, requiere anteponer el interés de la nación por encima de tropiezos fosfoelectoreros e incluso las más legítimas aspiraciones electorales; de requerirse para el fortalecimiento democrático de algún “bloque de contención”, este debe ser basado en coincidencias sin chantaje y discrepancias sin estridencia. El país lo vale.
Acierto en Tlaxcala
A poco más de dos años del gobierno de Lorena Cuéllar, “Lore” como su pueblo se refiere a ella afectivamente, se perciben avances importantes que muestran contundentemente a propios y extraños que Tlaxcala Sí Existe.
Por supuesto que hay temas y áreas en los que aún se requieren ajustes ante errores que han sido, sobre todo, por el exceso de confianza en quienes no la merecen, fallándole no solo a la Gobernadora, sino al gobierno y al pueblo tlaxcalteca. Afortunadamente, es lo menos, pues prevalece un equipo que ejerce el servicio público acorde a la nueva historia de Tlaxcala; por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde por testimonio directo se sabe de casos en los que incluso en domingo en la noche, bajo el comando de Víctor Franco Barradas y la eficiente coordinación del C5, se atiende pronta y cordialmente el llamado ciudadano ante eventualidades y emergencias. Bien por Lore y bien por el trabajo de su equipo en Seguridad Pública.
Por Carlos Tercero
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