Ciudad de México, 4 de junio de 2025.– El ex procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, aseguró que el reciente fallo que exoneró a José Luis Abarca Velázquez del delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa no debe interpretarse como una declaración de inocencia, sino como la consecuencia directa de las graves violaciones al debido proceso cometidas por autoridades federales durante las investigaciones iniciales.
“El fallo del juez Ventura Ramos no absuelve moral ni fácticamente a Abarca. Lo que propició su exoneración fue la nulidad de pruebas clave, producto de detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos de tortura por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) y la Secretaría de Marina (SEMAR)”, declaró Blanco Cabrera.
El 30 de mayo pasado, el juez primero de distrito en procesos penales federales en Matamoros, Tamaulipas, Raúl Ventura Ramos, resolvió no dictar auto de formal prisión en contra de Abarca por el delito de desaparición forzada, al considerar inválidos los principales datos de prueba obtenidos mediante violaciones al debido proceso.
Blanco recordó que desde antes de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera su Recomendación en 2018 sobre el caso, ya había advertido a la PGR sobre la necesidad de perfeccionar o aportar pruebas supervenientes. Sin embargo, “la entonces procuraduría fue incapaz incluso de acreditar la existencia de la organización criminal Guerreros Unidos”, señaló.
A pesar del revés judicial, Blanco subrayó que José Luis Abarca acumula ya dos sentencias condenatorias: una de 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado de cinco personas y otra de 20 años por homicidio, las cuales, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben compurgarse de manera sucesiva al tratarse de hechos no conexos ni derivados entre sí.
Además, el ex alcalde de Iguala enfrenta aún procesos penales por homicidio, lesiones, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Que no se confunda la nulidad de pruebas con la inocencia”, concluyó el ex procurador, al reiterar que el caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta no solo para las familias, sino para el Estado mexicano, que ha fallado en garantizar verdad y justicia.
