El Presidente rechazó hoy, en el marco de su conferencia matutina, la posibilidad de que el país viva otra oleada de violencia rumbo a las elecciones de junio. Aseguró que el “narcoestado” del sexenio de Felipe Calderón ya no existe y que los señalamientos hasta ahora hechos en ese sentido “son un intento por enrarecer el ambiente”.
El “ambiente enrarecido”
El día de ayer, Citibanamex dio a conocer un informe en el que, entre otras cosas, sostiene que ante el escenario de violencia que vive el país, existe una muy alta probabilidad de que el crimen organizado intervenga en las elecciones presidenciales de este año; esto incluso, dijeron, después de reconocer que en los últimos años los homicidios, y algunos de los delitos más violentos, han registrado disminuciones.
La actual reducción en la incidencia de homicidios no parece tener asociación directa con la eficiencia de la estrategia gubernamental de seguridad, argumenta la banca, esa que López Obrador no ha tenido empacho en llamar, a lo largo de su gestión, “la oligarquía”.
Lo que sucede, dice en su informe Citibanamex, parece ser la generalización de la presencia del crimen y la “audacia con la que estas organizaciones operan en el país: bajo la premisa de impunidad”. La violencia política en la que el crimen está interviniendo, advirtieron, intimida o incluso elimina a quien se interpone con sus intereses.
La realidad en los estados
En el recuento interno de La Torre News, hasta el momento, contabilizamos 25 asesinatos de políticos en el marco del proceso electoral 2023-2024. 17 de estos homicidios fueron contra aspirantes a diputaciones o gubernaturas locales: seis de Morena; cuatro del PAN; tres de Movimiento Ciudadano; dos del PRD y uno del PRI. Los tres estados con mayores incidencias: Guerrero, Veracruz y Zacatecas.
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Conteos como éste nos han permitido reflexionar: la violencia está recrudeciendo, sobre todo, en los estados, no en la ciudad desde donde se despacha el poder.
? En nuestro reporte preliminar de Violencia Electoral 2023-2024 encontramos 50 casos de víctimas de este tipo de violencia, de los que 33 personas fueron asesinadas. 16 aspiraban a una candidatura: https://t.co/ZEpPVx26Eh#ViolenciaElectoral #Elecciones2024 pic.twitter.com/Qongs2LMRe
— Laboratorio Electoral (@Eleccionesymas) February 9, 2024
El INE presentó, el pasado 8 de febrero, un esquema de protección a candidatos que consiste, de forma muy general, en el despliegue de acciones concretas a favor de candidatos federales y las de las nueve entidades que elegirán nuevos gobernadores, además del procesamiento de solicitudes para aspirantes locales, que según demuestra la estadística hasta el momento, son los más vulnerables.
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Hay acciones más o menos claras para salvaguardar la integridad de candidatos principales, pero únicamente un plan de solicitudes para el resto de candidatos locales.
INE: omiso y mediocre ante desafíos
Hoy el PAN ha denunciado al INE ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El partido opositor ha dicho que el Instituto ha incumplido, o cumplido de forma parcial, sentencias que le ordenaban seis acciones concretas:
1) Celebrar convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales: cumplido parcialmente.
2) Generar mapas de riesgo con acciones específicas, que deberán darse a conocer a la ciudadanía de la forma que se estime más adecuada: incumplimiento total.
3) Crear filtros de investigación que sean aplicables a las candidaturas: incumplimiento total.
4) Elaborar un Protocolo de guía y actuación de las autoridades para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los electores en zonas con presencia del crimen organizado: cumplimiento deficiente.
5) Celebrar foros y consultas con expertos en la materia de seguridad: cumplimiento deficiente.
6) Reglamentar una facultad de atracción preferente para que el INE pueda atraer en cualquier etapa alguna elección local o municipal en la que se advierta la existencia de factores de riesgo de violencia por parte de grupos criminales: incumplimiento total.
En retrospectiva, Acción Nacional dice que el Instituto ha llevado a cabo dos mesas de coordinación con el gabinete de seguridad federal; sólo ha emitido dos informes sobre este tema; creó un protocolo de protección junto con la SSPC que “resulta deficiente, pues se propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva; es decir, no existe garantía de seguridad e integridad previo a los hechos”.
El PAN sostiene que las acciones desplegadas por el INE han sido deficientes y, además, de carácter retroactivo, no preventivo: se minimiza la dimensión de la realidad que acontece en estos momentos y el aprendizaje histórico de otros procesos electorales.
Después de interponer este recurso ante el TEPJF, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, emitió un comunicado en el que aseguró que el INE ha sido omiso, a pesar de que el país vivirá el proceso electoral más grande de la historia en un contexto inédito de violencia y criminalidad.
El esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente pues propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, no se han realizado mapas de riesgo ni ni tampoco se han creado filtros para evitar que en las candidaturas se infiltren personas de… pic.twitter.com/2O0ohdMdMz
— Marko Cortés (@MarkoCortes) February 13, 2024
Presión legislativa y militarización, último recurso
Patricia Armendáriz, diputada de Morena, ha propuesto hoy que la Guardia Nacional vigile los comicios: exhortará a la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, integrada por las Secretarías de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), Guardia Nacional el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), para que considere desplegar, cuando menos tres elementos de la Guardia Nacional por casilla.
La estrategia se planteó, sobre todo, para aquellas comunidades, especialmente rurales, menores a 500 mil habitantes, desde un día previo a los comicios y hasta la remisión de los paquetes y los expedientes de casilla.
Igualmente, ha propuesto que la Cámara de Diputados exhorte al INE a considerar la firma de convenios de colaboración con la industria de autotransporte, así como con la sociedad civil, para facilitar el transporte de votantes en las zonas de alto riesgo, así como de alta o muy alta marginación.
El recrudecimiento del escenario de violencia frente al que el país camina hacia las elecciones deja sobre la mesa una serie de cuestionamientos. Uno de los más importantes: ¿Qué se hace ante una realidad que la minimiza, y entonces la solapa, desde el Ejecutivo? ¿Cómo se garantizan unas elecciones no orientadas por el crimen organizado si, desde sus preparativos, ya la han influido?
Los comicios del 2 de junio serán, como ya dijo el Presidente, un referéndum. Pero también, una radiografía del país.
