La Fiscalía de Sonora imputa a la persona moral tras la tragedia que cobró la vida de 24 personas el pasado 1 de Noviembre
HERMOSILLO, SONORA. — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó un avance significativo en las investigaciones sobre el incendio de la tienda Waldo’s, ocurrido a inicios de noviembre. Hasta el momento, se han librado 25 órdenes de aprehensión, de las cuales siete ya han sido cumplimentadas mediante cateos judiciales y técnicas de investigación especializada.
Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación contra la persona moral ante un Juez Oral Penal, marcando el inicio de los procesos de responsabilidad corporativa por el siniestro.
Detalles de la tragedia y líneas de investigación
El incendio, registrado el 1 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas, ocurrió en un momento de alta afluencia debido a las compras por el Día de Muertos y el pago de quincena. El saldo fue devastador: 24 personas fallecidas y 14 heridas.
- La causa probable: El fiscal Gustavo Rómulo Salas señaló como principal línea de investigación la falla de un transformador eléctrico interno. Se detalló que dicho equipo estaba desvinculado de la red pública de la CFE, lo que apunta a una responsabilidad directa en el mantenimiento de la infraestructura privada del comercio.
- Responsabilidades administrativas: Tras el incidente, el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán cesaron a los titulares de Protección Civil estatal y municipal para garantizar la transparencia de las indagatorias.
Postura corporativa y reparación del daño
El corporativo de Waldo’s, que opera más de 800 sucursales en el país, emitió un comunicado informando sobre sus acciones tras el siniestro:
- Gastos inmediatos: La empresa aseguró haber cubierto los servicios funerarios de las 24 víctimas y los gastos médicos de los 14 sobrevivientes.
- Indemnizaciones: Afirmaron haber iniciado el proceso de reparación del daño a las familias afectadas.
- Colaboración: La cadena sostiene que mantiene una colaboración plena con las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos.
El Fiscal de Justicia advirtió que los procesos no se limitarán a la empresa, sino que se abrirán expedientes penales, civiles y administrativos contra funcionarios de los tres niveles de gobierno que pudieran haber incurrido en omisiones de supervisión.
