Un juez de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, libró orden de aprehensión contra siete exservidores públicos de la entidad por su probable responsabilidad en el delito de peculado durante el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a los exfuncionarios se les señala por presuntamente realizar 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos durante el 2013.
Los exfuncionarios acusados son:
Gabriel «D», exsubsecretario de Finanzas y Administración
José Francisco «D» y Carolina «E», exsubdirectores de Operación Financiera de Veracruz
Tomás José «R», Salvador «M», Carlos «A» y Fernando «C», exfuncionarios en la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz
Según la FGR, los siete exfuncionarios probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se encuentra preso por los delitos de corrupción y enfrenta un nuevo proceso ahora por desaparición forzada cometido en contra de una persona que fue identificada por las autoridades con las iniciales D.L.C.
Las órdenes contra exfuncionarios de Javier Duarte fueron emitidas cinco años después de que el exmandatario estatal fue sentenciado a 9 años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Análisis
La orden de aprehensión contra los siete exservidores públicos es un paso importante en el proceso de investigación y persecución del delito de corrupción en Veracruz.
Los exfuncionarios acusados son parte del círculo cercano de Javier Duarte, quien fue acusado de saquear las arcas públicas del estado por más de 60 mil millones de pesos.
La orden de aprehensión es un mensaje de que la justicia no olvida y que quienes cometan actos de corrupción serán llevados ante la justicia.
Sin embargo, es importante señalar que aún falta que los exfuncionarios sean detenidos y procesados por la justicia. Si son encontrados culpables, podrían ser condenados a penas de prisión de hasta 20 años.
También es importante que la investigación se lleve a cabo de manera imparcial y que no se utilice para perseguir a opositores políticos.
PAT
