Culiacán, Sinaloa, 12 de julio de 2025.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “irrespetuosas” las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien cuestionó la postura del Gobierno mexicano respecto al proceso judicial que enfrenta el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos.
“Las declaraciones del abogado, primero, decir que son irrespetuosas de la institución presidencial”, afirmó Sheinbaum durante una conferencia de prensa en el estado de Sinaloa, donde subrayó que su administración no tiene vínculos de complicidad ni contubernio con ningún grupo ni individuo.
La reacción se da luego de que Lichtman criticara al Gobierno de México por solicitar participación en el acuerdo de culpabilidad de Guzmán López, señalando que en el pasado las autoridades mexicanas “violaron un acuerdo bilateral” al exonerar al general Salvador Cienfuegos.
Sheinbaum recordó que Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y tiene pendientes legales en México, los cuales, aseguró, son responsabilidad directa de la Fiscalía General de la República (FGR), y no del Ejecutivo.
Por su parte, la FGR emitió un comunicado en el que rechazó tajantemente las declaraciones del abogado, calificándolas como “descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas”. La dependencia subrayó que la extradición de Guzmán fue posible gracias a las órdenes de aprehensión obtenidas y a las acciones de las autoridades mexicanas, lo cual demuestra, dijo, el compromiso de legalidad del país.
Mientras tanto, en Estados Unidos continúa la expectativa sobre el alcance de la colaboración de Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable en una corte federal de Chicago. La posibilidad de que aporte información no solo sobre el Cártel de Sinaloa sino también sobre redes de corrupción institucional en México genera tensiones a ambos lados de la frontera.
Expertos y analistas señalan que, si Guzmán decide ofrecer datos sobre funcionarios, fuerzas de seguridad o autoridades políticas, el caso podría tener implicaciones que sacudan estructuras del poder en el país. Por ahora, las autoridades mexicanas se mantienen al margen del proceso judicial estadounidense, pero con los ojos puestos en cualquier posible señalamiento que cruce la línea de lo estrictamente criminal.
