El Senado de la República aprobó este miércoles una serie de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La votación en el pleno se resolvió con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones, en un contexto marcado por recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de instituciones financieras mexicanas con operaciones ilícitas.
Cambios clave a la legislación
El dictamen aprobado amplía el alcance legal y operativo de las autoridades encargadas de combatir el lavado de dinero. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:
- Inclusión del financiamiento al terrorismo dentro del objeto de la ley.
- Incorporación de nuevas definiciones como “beneficiario controlador” y “persona políticamente expuesta”.
- Obligación para las entidades que realizan actividades vulnerables de identificar, monitorear y reportar operaciones sospechosas.
- Ampliación del plazo de conservación de documentos de cinco a diez años.
- Autorización para realizar auditorías proporcionales al nivel de riesgo de cada entidad.
Coordinación nacional e internacional
La reforma fortalece la coordinación entre diversas instituciones mexicanas como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Guardia Nacional, y organismos internacionales. También se integran a la supervisión entidades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Además, se establece el uso obligatorio de sistemas automatizados para el monitoreo de operaciones de alto riesgo en el sector financiero.
En materia penal, se reformó el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, manteniendo la participación activa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como autoridad denunciante en casos relacionados con el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.
Un enfoque preventivo, no persecutorio
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, subrayó que las reformas no tienen un carácter persecutorio, sino preventivo, y buscan evitar que recursos de procedencia ilícita contaminen al sistema financiero nacional.
Asimismo, recordó que las modificaciones responden a compromisos internacionales de México asumidos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Contexto: señalamientos internacionales recientes
Estas reformas ocurren tras las acusaciones del Tesoro de EE.UU. contra CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Las instituciones negaron las acusaciones, mientras que la SHCP señaló que no se han presentado pruebas concluyentes que respalden los señalamientos.
Según las autoridades mexicanas, las transferencias cuestionadas corresponden a operaciones comerciales ordinarias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el marco de un intercambio comercial binacional que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
Próximos pasos
La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. En caso de avanzar, será turnada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación y entrada en vigor.
