Pese al reconocimiento público de Alicia Bárcena sobre afectaciones en cenotes y cavernas, la documentación técnica estará clasificada hasta 2028
CIUDAD DE MÉXICO. — La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha negado la entrega de documentos técnicos que detallen el impacto ambiental de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, argumentando que la información fue clasificada como de seguridad nacional hasta el año 2028.
Esta decisión se da a pesar de que la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, reconoció públicamente el 6 de octubre ante la Cámara de Diputados que existen afectaciones en cenotes y cavernas de Quintana Roo.
Clasificación y resguardo de la información
En respuesta a una solicitud de transparencia, la Dirección General de Gestión Forestal de Semarnat indicó que no puede proporcionar información sobre los daños debido a la clasificación por seguridad nacional vigente desde 2023.
- Resolución interna: La información fue reservada por cinco años mediante la resolución interna 401/2023, emitida por el Comité de Transparencia de Semarnat. Dicha resolución deriva del decreto federal de mayo de 2023 que declaró al Tren Maya como infraestructura estratégica.
- Documentos reservados: El resguardo incluye todos los dictámenes técnicos, estudios, auditorías o monitoreos de calidad del agua solicitados para conocer el alcance de las afectaciones.
Daños reconocidos y condicionantes pendientes
Durante su comparecencia de octubre, Alicia Bárcena sí admitió daños específicos y la existencia de pendientes ambientales:
- Afectaciones directas: Se reconoció que las obras del Tramo 5 (entre Playa del Carmen y Tulum) afectaron ocho cavernas y cenotes. Se detectó la presencia de concreto dentro de estas formaciones, lo que ha obligado a Semarnat a impulsar trabajos de limpieza y retiro del material.
- Condicionantes ambientales: La secretaria informó que el proyecto mantiene pendientes el 95% de las condicionantes ambientales impuestas para mitigar impactos en la flora, fauna y ecosistemas kársticos.
De forma paralela, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental informó que la dependencia no elaboró monitoreos, auditorías o estudios propios sobre calidad del agua y que la información disponible se limita únicamente a las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) públicas.
