El 25 de julio de 2024, autoridades estadounidenses detuvieron a los líderes del Cártel de Sinaloa; el operativo derivó en una crisis de seguridad que continúa sin resolverse.
Ciudad de México.— A casi un año de las detenciones de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, ocurridas en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, las repercusiones en México —particularmente en el estado de Sinaloa— continúan siendo evidentes, con un repunte sostenido en los índices de violencia, desapariciones y afectaciones económicas en la región.
La captura de ambos líderes criminales el 25 de julio de 2024 fue resultado de un operativo encabezado por autoridades federales estadounidenses. Aunque los detalles oficiales del procedimiento se mantienen en reserva, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que Zambada García fue secuestrado previamente en una finca de Culiacán y trasladado de manera clandestina hacia territorio estadounidense.
En ese mismo lugar, conocido como el rancho Huertos del Pedregal, fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS) y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en un hecho que en un inicio fue atribuido a un robo, pero que más tarde la FGR confirmó como parte del mismo operativo que llevó al traslado de Zambada.
Un caso sin esclarecer
La muerte de Cuén Ojeda ha generado múltiples interrogantes. En una carta pública difundida el 10 de agosto de 2024, Zambada García sostuvo que el político fue asesinado por integrantes del crimen organizado, al mismo tiempo y en el mismo sitio en que él fue privado de su libertad.
“El Gobierno del estado de Sinaloa dijo que lo mataron en una gasolinera, pero eso no fue así. A Héctor Cuén lo asesinaron en la misma finca donde a mí me secuestraron”, escribió Zambada en la misiva. La declaración generó tensiones políticas en la entidad y derivó en la renuncia de la entonces fiscal general, Sara Bruna Quiñónez Estrada.
Detención bajo coacción, según Zambada
El “Mayo” Zambada ha sostenido que su entrega a Estados Unidos fue forzada y que no cooperó voluntariamente. En una segunda carta, entregada en el Consulado de México en Nueva York, pidió la intervención del Gobierno mexicano, argumentando que su caso podría tener implicaciones para la relación bilateral entre ambos países.
Actualmente, enfrenta 17 cargos por narcotráfico en Estados Unidos. El proceso judicial está a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que condenó al “Chapo” Guzmán. La defensa de Zambada ha señalado que existen conversaciones con autoridades estadounidenses, pero niega que se trate de una negociación formal.
La FGR, por su parte, ha solicitado en cuatro ocasiones la repatriación de Zambada, bajo el argumento de que fue trasladado a EE.UU. de manera ilegal. Hasta el momento, no se ha concretado respuesta por parte del gobierno norteamericano.
La violencia no cede
Desde las detenciones, la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa —principalmente entre Los Chapitos y Los Mayos— ha generado una ola de violencia que, según cifras oficiales, ha dejado más de 1,700 homicidios dolosos, al menos 1,400 personas desaparecidas y 44 policías asesinados.
El impacto económico también ha sido considerable: se calcula una pérdida superior a los 30 mil millones de pesos y el cierre de más de 10 mil negocios tan solo en Culiacán. La percepción de inseguridad alcanza niveles históricos: 9 de cada 10 habitantes de la ciudad reportan sentirse inseguros, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno federal ha desplegado más de 11 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de intensificar operativos en la zona. Del 1 de octubre de 2024 al 16 de julio de este año, se reportaron más de mil 400 detenciones, el decomiso de tres mil armas de fuego y el desmantelamiento de 91 laboratorios de drogas sintéticas.
Postura del Gobierno federal
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que su administración trabaja para pacificar Sinaloa. En diversas declaraciones públicas, ha señalado que la violencia es consecuencia directa de la intervención estadounidense en la captura de los líderes criminales.
“Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa, eso va a ser así”, declaró la mandataria. Al mismo tiempo, hizo un llamado a Washington para mantener la colaboración en materia de seguridad, “sin injerencias”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó que las acciones del Gobierno buscan restablecer el orden en la entidad y contener la violencia generada por los cárteles.
Mientras tanto, el proceso judicial contra los líderes del Cártel de Sinaloa avanza en territorio estadounidense, mientras México insiste en conocer mayores detalles del operativo que derivó en su aprehensión y exige claridad respecto al futuro legal de ambos detenidos.
