Un tribunal federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver el amparo de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), contra la orden de aprehensión girada en su contra por la supuesta tortura a Felipe Rodríguez Salgado «El Chereje», presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México pidió a la Corte asumir la competencia de este amparo en revisión para determinar si es inconstitucional la fracción tercera del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan registros judiciales.
El argumento del exmando policiaco es que dicho apartado transgrede el derecho a la seguridad jurídica contenido en el artículo 16 constitucional, porque no establece la obligación de que, antes de librarse una aprehensión, deben agotarse otros medios para conducirlo a proceso como el citatorio o la comparecencia.
También impugna dicha norma porque no precisa qué debe entenderse por necesidad de cautela, un concepto empleado para justificar que la orden de aprehensión es la forma más idónea para conducir a proceso a un imputado.
En su fallo, el colegiado aclara que la Corte sólo analizará el tema de constitucionalidad de la norma impugnada, mientras que los magistrados del tribunal se harán cargo de resolver los temas de legalidad en este amparo.
Esta demanda de garantías Zerón la perdió en primera instancia en el Juzgado Octavo de Distrito en Amparo de esta capital.
La orden de aprehensión contra el ex funcionario fue librada el 23 de abril de 2021 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente por los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
En este asunto se le imputa la presunta tortura a Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», operador del grupo criminal «Guerreros Unidos» involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El mandamiento judicial se basa en un video que circuló en julio del 2020 en el que aparece el ex mando policiaco al frente de un interrogatorio en el que «El Cepillo» se encuentra sometido y rodeado por otros elementos de la corporación.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), se presume que durante el interrogatorio a «El Cepillo» en 2015 fue amenazado de muerte para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Esta es una de las 5 órdenes de aprehensión que han sido libradas contra Zerón en el presente sexenio, 3 de ellas por delitos de servidores públicos y 2 por el caso Ayotzinapa.
A la fecha, Zerón se encuentra localizado en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México.
La decisión del Tribunal Colegiado de solicitar a la SCJN que resuelva el amparo de Tomás Zerón es un paso importante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El hecho de que la Corte analice la constitucionalidad de la norma que permite la orden de aprehensión de Zerón podría sentar un precedente importante para futuras investigaciones de este tipo.
Si la Corte declara la norma inconstitucional, sería un fuerte golpe a la impunidad en México, ya que permitiría a las víctimas de tortura y otros abusos exigir justicia.
Sin embargo, si la Corte declara la norma constitucional, sería un revés para las víctimas de Zerón y para las investigaciones del caso Ayotzinapa.
En cualquier caso, la decisión de la SCJN será un acontecimiento importante que seguirá de cerca la opinión pública.
