El máximo tribunal del país revoca la condena de 78 años por considerar que no se garantizó el derecho a no ser torturada. El caso Wallace, uno de los más controvertidos de los últimos años, vuelve al centro del debate judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles 11 de junio la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien fue sentenciada a 78 años de prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
La decisión fue tomada por la Primera Sala del máximo tribunal, que avaló con cuatro votos a favor el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El fallo señala que el Estado mexicano no logró probar que las confesiones presentadas por Juana Hilda en 2006 fueron obtenidas sin violaciones a sus derechos humanos, particularmente su derecho a no ser sometida a tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“El Estado tenía la carga de acreditar que las confesiones se obtuvieron con pleno respeto al derecho de la quejosa, lo cual no ocurrió”, argumentó el ministro ponente en su resolución. Por tanto, se ordenó invalidar las pruebas derivadas de esas confesiones, lo que implica la anulación de la sentencia condenatoria.
El único voto en contra fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Juana Hilda González fue detenida en 2006, junto con otras personas acusadas de formar parte de una supuesta red de secuestradores denominada “Los Wallace”, señalada por Isabel Miranda como responsable de la desaparición de su hijo en 2005. Sin embargo, desde hace más de una década, organizaciones defensoras de derechos humanos y diversos actores han denunciado irregularidades graves en el caso, como fabricación de culpables, detenciones arbitrarias, tortura, manipulación de evidencias y ausencia del cuerpo de la presunta víctima.
Con este fallo, la SCJN reconoce que la sentencia fue emitida con base en pruebas que no cumplen con los estándares constitucionales y convencionales de legalidad y debido proceso. La resolución también podría abrir la puerta para revisar los casos de otras personas detenidas en el mismo expediente, incluyendo a Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle, cuyos defensores han denunciado tratos similares.
A más de 18 años de la desaparición de Wallace Miranda, el caso vuelve a colocarse en el centro del debate jurídico y mediático, ahora bajo una nueva perspectiva: ¿hubo realmente justicia o se construyó un caso a partir de confesiones forzadas y procedimientos irregulares?
La liberación de Juana Hilda representa no sólo un giro radical en este expediente emblemático, sino también una señal clara de que el sistema judicial debe revisar con mayor rigor las pruebas obtenidas bajo sospechas de tortura, y que las sentencias deben basarse en estándares de justicia y respeto a los derechos humanos.
