Dolores Hidalgo, Gto., 12 de julio de 2025.– Una escena de horror en pleno siglo XXI. Más de 700 personas fueron rescatadas de condiciones de esclavitud laboral en un rancho agrícola de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en un operativo que ha destapado una de las tramas más oscuras de trata de personas con fines de explotación laboral en el país.
Las víctimas, en su mayoría originarias de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, habían sido llevadas al lugar bajo promesas de empleo digno, pero encontraron un infierno: jornadas extenuantes, hacinamiento, falta de servicios básicos y abuso sistemático. Así lo informó la Fiscalía General del Estado, que mantiene abierta una carpeta de investigación por trata de personas, delito considerado grave por la legislación mexicana.
“La mayoría de estas personas vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema”, reconoció la autoridad estatal en un escueto comunicado. Durante el cateo, también fue detenida una persona en posesión de narcóticos, lo que abre una nueva línea de investigación que podría vincular la red de explotación con el crimen organizado.
El hallazgo fue posible gracias a un operativo interinstitucional en el que participaron la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la policía municipal y cuerpos de emergencia y derechos humanos, aunque la falta de vigilancia previa y la omisión de las autoridades laborales y migratorias federales sigue generando indignación.
Organizaciones de la sociedad civil han advertido durante años sobre la normalización de prácticas esclavistas en campos agrícolas, donde campesinos pobres del sur del país son captados y trasladados a trabajar sin contratos, sin derechos y bajo vigilancia armada.
En México, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron 615 víctimas de trata de personas en 2024. No obstante, expertos y ONG advierten que el número real podría ser hasta diez veces mayor, dada la opacidad de las instituciones y la escasa voluntad política para combatir estas redes.
Este caso reabre una dolorosa herida nacional: en un país con más de 130 mil personas desaparecidas, el hallazgo de 700 personas explotadas sin que ninguna autoridad se haya percatado antes, demuestra un sistema colapsado de inspección, justicia laboral y protección de derechos humanos.
Mientras tanto, las víctimas rescatadas ya reciben atención médica, psicológica y acompañamiento legal, aunque la gran pregunta sigue en el aire: ¿cuántos más están atrapados en campos similares, sin que nadie los vea?
