
Durante la cuarta etapa de exhumaciones realizadas en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla, fueron recuperados 85 restos humanos, de los cuales seis pertenecen a bebés y uno más a restos fetales, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE).
El fiscal Édgar Maldonado Ceballos precisó que los restos localizados deben considerarse como indicios forenses y no como cuerpos completos, hasta que concluyan los estudios periciales correspondientes.
“Hablar de 83 hallazgos no significa que se trate de 83 personas; un solo individuo puede generar múltiples indicios”, subrayó.
Colectivos reportan más cuerpos que los reconocidos oficialmente
Las cifras oficiales contrastan con los testimonios de integrantes de colectivos de búsqueda, quienes participaron como observadoras en el proceso. Según su recuento, en esta fase habrían sido exhumados más de 60 cuerpos completos, incluidos al menos 10 bebés, 10 mujeres y decenas de restos óseos en diversas condiciones.
La intervención se llevó a cabo del 26 de mayo al 13 de junio, y el fiscal aseguró que fue realizada conforme a los ordenamientos legales vigentes. Aclaró además que no se trata de una fosa clandestina, sino de una fosa común utilizada anteriormente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado para inhumar personas no identificadas, sin estudios periciales.
Participación institucional y denuncias por fallas en el protocolo
En los trabajos participaron especialistas en criminalística, antropología, odontología, genética, arqueología, medicina legal y fotografía forense, además de personal de la Comisión Nacional y Local de Búsqueda, Guardia Nacional, Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Visitaduría General de la FGE y notarios públicos.
No obstante, colectivos denunciaron ausencia de peritos en campo, deficiencias en los protocolos de recolección y presencia intermitente de la Guardia Nacional, cuya asistencia había sido anunciada como permanente.
La Fiscalía reconoció estas omisiones en un comunicado previo y se comprometió a corregirlas en las siguientes etapas, permitiendo además la participación de peritos independientes.
“La inclusión de estos sectores refleja el compromiso institucional de mantener un trabajo abierto, acompañado y supervisado por las familias de personas desaparecidas”, sostuvo el fiscal.
Hallazgos, antigüedad de los restos y suspensión temporal
Maldonado informó que el proceso de exhumación se amplió una semana más debido a la cantidad de hallazgos. Sin embargo, el pasado 19 de junio, los trabajos se suspendieron de manera temporal debido al riesgo de colapso de una barda perimetral y a condiciones climáticas adversas. La reanudación dependerá de que existan condiciones de seguridad.
Sobre la antigüedad de los restos, el fiscal indicó que no son recientes. La última inhumación registrada en carpetas de investigación data de junio de 2014. Desde 2017, en este sitio se han encontrado 219 indicios, de los cuales 78 ya cuentan con perfil genético.
Compromiso institucional con las familias
Ante cuestionamientos hacia el desempeño del coordinador de Servicios Periciales, Maldonado defendió su trayectoria, pero fue tajante:
“Si las funciones no se cumplen, habrá consecuencias. Aquí no hay compromisos personales; el único compromiso es institucional”.
Finalmente, reiteró que el proceso continuará en coordinación con las familias y colectivos:
“Estoy dispuesto a asumir el desgaste institucional que implique intervenir las veces que sea necesario para dignificar los restos y regresarlos a sus núcleos familiares. Es una obligación institucional y también un compromiso moral con las familias”.