A más de 15 años del incendio en la Guardería ABC que cobró la vida de 49 niñas y niños en Hermosillo, Sonora, madres y padres de las víctimas alzaron nuevamente la voz tras la presunta detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las principales responsables del caso. Las familias exigen al gobierno mexicano gestionar de inmediato su extradición, asegurando que no permitirán que la impunidad vuelva a imponerse en una de las tragedias más dolorosas y vergonzosas de la historia reciente del país.
Téllez Nieves, señalada como socia propietaria de la estancia infantil subrogada por el IMSS, fue sentenciada originalmente a casi 29 años de prisión en 2016, pero tras una serie de amparos y resoluciones judiciales, su condena fue reducida a solo 5 años y 7 meses. Desde febrero de 2022, cuenta con una orden de reaprehensión vigente. De acuerdo con las madres y padres de las víctimas, Interpol habría ejecutado una Ficha Roja para su detención, aunque las autoridades mexicanas no han emitido una confirmación oficial ni informado sobre el estado del proceso de extradición.
La tragedia que sigue abierta
El 5 de junio de 2009, una bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda estatal se incendió y el fuego se propagó a la colindante Guardería ABC, matando a 49 menores y dejando a 81 más con lesiones físicas y secuelas de por vida. El caso se convirtió en un símbolo de corrupción, negligencia institucional y colusión entre autoridades públicas y particulares, que operaban una guardería sin condiciones mínimas de seguridad.
A pesar de los años transcurridos, la lucha de los familiares no ha cesado, y la exigencia de justicia integral y castigo real para los responsables sigue tan vigente como el primer día. “Hemos visto cómo las sentencias se reducen, cómo algunos purgan condenas en su casa, y cómo otros simplemente se fugan del país. Esto no puede continuar así”, declaró uno de los voceros del movimiento.
Sentencias reducidas, dolor intacto
De las 32 personas procesadas por el caso, solo 10 permanecen sentenciadas actualmente, muchas de ellas con penas mínimas en comparación con la magnitud de la tragedia. Entre los condenados se encuentran funcionarios como Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS en Sonora, Roberto Copado Gutiérrez, extitular de Protección Civil municipal, y Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda donde inició el incendio. Algunos, como Leyva Lizárraga, cumplieron su condena desde casa, sin pisar prisión.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reducir sentencias y exonerar a varios implicados, en un fallo que generó profundo descontento y una nueva ola de indignación social.
Exigen voluntad política y justicia real
Ante la posible detención de Téllez Nieves en territorio estadounidense, las familias afectadas urgieron al gobierno mexicano a no dejar pasar la oportunidad de saldar una deuda histórica con la justicia. “No queremos más simulaciones. Queremos verla enfrentar la justicia en México. Que cumpla su condena como cualquier ciudadano que ocasionó la muerte de 49 niñas y niños por omisión y lucro”, expresaron.
Hasta ahora, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han confirmado la detención ni emitido información pública sobre el proceso.
¿Un paso hacia la justicia o una nueva decepción?
El caso de la Guardería ABC sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de México, y cada acción –o inacción– del Estado es vista bajo la lupa de la desconfianza y el hartazgo. Las familias de las víctimas exigen más que comunicados y promesas: quieren resultados tangibles, sentencias proporcionales y una señal clara de que el dolor de sus hijos no será borrado por el tiempo ni la impunidad.
La presunta detención de Sandra Lucía Téllez Nieves podría representar un paso en la dirección correcta. Pero si no hay voluntad política para garantizar su extradición y cumplimiento de condena, la justicia volverá a ser solo un discurso vacío frente al dolor irreparable de decenas de familias mexicanas.
