Cinco activistas indígenas del pueblo tseltal, encarcelados en Chiapas por un caso de homicidio, deben ser liberados de inmediato e indemnizados por el Estado mexicano, determinó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, que consideró su reclusión una violación al derecho internacional.
Los implicados —Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco— fueron arrestados entre mayo y junio de 2022 en el municipio de San Juan Cancuc, tras el fallecimiento de una persona que fue retenida y agredida por pobladores de la zona.
En mayo de 2023 fueron condenados a 25 años de prisión, y tras solicitarse un nuevo juicio, la misma pena fue ratificada en abril de 2024.
El dictamen del Grupo de Trabajo, fechado el 4 de abril pero publicado recientemente, señala que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Entre ellas, destaca que los acusados no fueron presentados ante un juez de forma inmediata, y que algunos sufrieron desaparición forzada en las primeras horas de su detención.
Además, el informe destaca que su arresto contravino tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los cinco activistas han tenido participación activa en movimientos comunitarios en defensa del territorio y los derechos humanos. En particular, Santiz Cruz presidía un comité local que ha denunciado la militarización del municipio y se ha opuesto a la construcción de una carretera entre San Cristóbal de las Casas y Palenque.
El grupo de expertos, presidido por la exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ganna Yudkivska, recomendó al gobierno mexicano garantizar reparaciones para los detenidos y sancionar a los responsables de su detención arbitraria.
