La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su firme desacuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que desestimó la demanda presentada por el Gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses, acusados de facilitar el tráfico ilícito de armamento hacia territorio nacional.
“La SRE expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los EE.UU. y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”, señaló la dependencia en un comunicado oficial.
La Corte estadounidense argumentó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) otorga inmunidad a los fabricantes, al no haberse demostrado que hayan “ayudado o facilitado” directamente el tráfico ilegal. Sin embargo, la SRE puntualizó que el tribunal no se pronunció sobre el argumento de la “proximidad del daño” (proximate cause).
El fallo también revoca una decisión previa del Primer Circuito de la Corte de Apelaciones en Boston, que en 2022 había admitido la demanda presentada por México en 2021, considerando que el gobierno mexicano había argumentado suficientemente que las empresas demandadas contribuyeron al tráfico de armas hacia el país.
COMUNICADO "México rechaza la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos contra la demanda presentada a fabricantes de armas". https://t.co/xfvt9EvcQ9 pic.twitter.com/n2LXlb0vrL
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 5, 2025
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que este proceso judicial no ha concluido, ya que existe una segunda demanda interpuesta en 2022 contra cinco tiendas distribuidoras en Arizona, la cual sigue en curso y actualmente se encuentra en etapa de presentación de pruebas.
Ambos litigios han puesto en el centro de la discusión internacional el impacto del flujo ilegal de armas hacia México, en un contexto de creciente violencia, promoviendo debates en foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
