Campeche, México – La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, defendió enérgicamente la reciente expropiación de terrenos vinculados a personas cercanas al dirigente nacional del PRI y exgobernador del estado, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas. Sansores aseguró que la medida se realizó estrictamente por un motivo de utilidad pública y conforme a la ley, negando rotundamente que se trate de una persecución política.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Sansores explicó que los terrenos expropiados, ubicados en el fraccionamiento Lomas del Castillo y que abarcan aproximadamente 8 hectáreas (80,000 m²), serán destinados a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos. La mandataria calificó este proyecto como «urgente para Campeche» debido a la alta demanda educativa.
Criterios técnicos y abandono de predios
La gobernadora insistió en que la decisión fue basada en criterios técnicos, incluyendo estudios de movilidad y cercanía a otras instalaciones, y no en un «capricho».
Según Sansores, los predios «estaban prácticamente abandonados» y, aunque se encuentran en una zona exclusiva, eran utilizados como «jardín de amenidades» privado del dirigente priista, con campo de golf, cancha de pádel y pista para correr. La gobernadora criticó el uso de estos espacios en un estado con altos niveles de pobreza.
“Se hicieron todos los estudios, los dictámenes y fueron aprobados. No fue nada más el capricho de que es de él”, subrayó Sansores.
Sospechas de prestanombres y fraude
Aunque el gobierno estatal está tratando los predios como si fueran legales para fines de expropiación, Sansores no ocultó las sospechas sobre su origen: “Todo esto huele, tiene un tufo, huele mal”.
La mandataria señaló que hasta ahora se han identificado 38 propiedades ligadas a Moreno, y que los terrenos expropiados están vinculados a familiares directos (su madre, hermana y hermano) o a presuntos prestanombres como su arquitecto o abogado.
Además, cuestionó los precios de adquisición reportados, señalando que algunos terrenos fueron supuestamente comprados a 74 pesos el metro cuadrado, mientras que otros en la misma zona se adquirieron a más de 300 pesos.
Legalidad, indemnización y extinción de dominio
Sansores detalló que el gobierno estatal reformó la legislación local para garantizar que el proceso de expropiación sea constitucional, incluyendo el derecho de audiencia e indemnización justa. La compensación se realizará con base en los avalúos y los precios de compra reportados por los propietarios.
La gobernadora advirtió que, si bien el proceso actual es de expropiación, si las investigaciones comprueban que las propiedades tienen un origen ilícito, podrían ser objeto de un proceso de extinción de dominio, una vía mucho más grave.
Finalmente, reiteró que la medida se tomó por la necesidad de terrenos para la universidad. «No fue fácil encontrar un terreno porque no tenemos ya prácticamente en Campeche. Lo hicimos porque es de utilidad pública. Ah, pero que tocaron de ‘Alito’, pues no deja de darme gusto, ¿eh?”, concluyó.
