Discriminación racial
Por Mauricio Leyva Castrejón
El 21 de marzo fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y nos remite a un episodio trágico: la Masacre de Sharpeville, cuando la policía del apartheid asesinó a manifestantes que protestaban contra leyes segregacionistas. Más de seis décadas después, la conmemoración no es un ejercicio simbólico, sino un recordatorio incómodo: el racismo persiste como una estructura global profundamente arraigada. A nivel internacional, los datos oficiales muestran una realidad persistente. Según la propia ONU, alrededor de 200 millones de personas indígenas habitan en el mundo y continúan enfrentando niveles desproporcionados de pobreza, exclusión y violencia. Asimismo, informes de la Organización Internacional del Trabajo indican que los grupos étnicos minoritarios tienen mayor probabilidad de desempeñarse en empleos informales y peor remunerados. En Europa, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha documentado que hasta un 45% de las personas de ascendencia africana reporta haber sufrido discriminación racial en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Este fenómeno no es ajeno a América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha subrayado que las poblaciones afrodescendientes e indígenas presentan mayores tasas de pobreza estructural y menor acceso a servicios básicos. La desigualdad racial en la región no es solo un rezago histórico, sino una manifestación vigente de exclusión sistémica.
En México, el problema adquiere matices particulares. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 23% de la población se autoidentifica como indígena, mientras que cerca del 2% se reconoce como afrodescendiente. Sin embargo, estas poblaciones enfrentan brechas significativas: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha documentado que más del 70% de la población indígena vive en condiciones de pobreza, una proporción considerablemente mayor al promedio nacional. Las cifras también revelan una dimensión menos visible: la discriminación cotidiana. La Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha señalado que el tono de piel influye directamente en oportunidades educativas, laborales y de ingreso, configurando lo que diversos estudios denominan “pigmentocracia”. En este esquema, las personas con tonos de piel más oscuros tienden a enfrentar mayores obstáculos estructurales. La conmemoración del 21 de marzo, por tanto, no puede reducirse a discursos institucionales. La evidencia demuestra que el racismo no es un fenómeno marginal, sino un sistema que organiza jerarquías sociales tanto a nivel global como nacional. México, pese a su narrativa de mestizaje, no escapa a esta lógica. Reconocer el problema implica, en primer lugar, aceptar que la discriminación racial no es un residuo del pasado, sino una práctica vigente que se reproduce en instituciones, mercados laborales y dinámicas culturales. En segundo término, exige políticas públicas basadas en datos que no solo visibilicen a las poblaciones históricamente excluidas, sino que transformen las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad.
En un contexto internacional marcado por el resurgimiento de discursos nacionalistas y excluyentes, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial adquiere una relevancia renovada. No se trata únicamente de recordar Sharpeville, sino de cuestionar las formas contemporáneas de racismo que, aunque menos explícitas, siguen siendo igualmente profundas. La tarea pendiente no es menor: traducir las cifras en acciones concretas que garanticen igualdad real y no solo formal.
