La violencia criminal volvió a golpear el norte de Guerrero este fin de semana, luego de que al menos tres tráileres fueran incendiados sobre la carretera federal Iguala–Teloloapan, a la altura de la comunidad de Telixltlac, en el municipio de Teloloapan.
Según testimonios de transportistas y habitantes de la zona, los responsables serían presuntos integrantes de La Familia Michoacana, quienes habrían ejecutado el ataque en represalia por la falta de pagos de “protección” por parte de la mina Capela, operada por la empresa Peñoles.
Los vehículos incendiados —que transportaban materiales y maquinaria vinculada a las operaciones mineras— quedaron totalmente calcinados, generando pánico entre automovilistas, trabajadores y residentes, además de bloquear temporalmente la circulación en esta vía clave de la región.
Fuentes locales señalan que La Familia Michoacana impone cuotas mensuales millonarias a empresas mineras y transportistas como condición para permitirles operar en la zona. La mina Capela, dedicada a la extracción de plomo, zinc y plata, sería uno de los principales objetivos de este esquema de extorsión.
El ataque se habría producido como represalia directa por un retraso o negativa en los pagos exigidos, bajo amenaza de acciones violentas como secuestros, asesinatos o destrucción de vehículos, como ocurrió en este caso.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o federal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque. Tampoco se han reportado personas detenidas. El incendio fue controlado por civiles y trabajadores del corredor minero, sin la presencia de bomberos ni elementos de la Guardia Nacional, lo que ha generado fuertes críticas a la respuesta institucional.
Este hecho vuelve a evidenciar el control territorial y económico que ejerce La Familia Michoacana en esta parte de Guerrero, así como la vulnerabilidad de empresas, trabajadores y comunidades ante la creciente violencia y la ausencia de acciones efectivas por parte del gobierno estatal.
Con este nuevo episodio, el municipio de Teloloapan se reafirma como uno de los epicentros del crimen organizado en el estado, donde el cobro de piso, las amenazas a funcionarios y el miedo comunitario son parte del entorno cotidiano.
Mientras tanto, la población sigue viviendo entre la impunidad, el temor y el silencio institucional, a la espera de respuestas concretas frente a una violencia que no da tregua.
