Este día un juez federal ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de realizar expresiones que puedan contener un discurso de odio contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que asistan a una marcha programada para protestar contra la desaparición de 13 fideicomisos.
La suspensión de oficio concedida por el titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, prohíbe al presidente de México realizar expresiones que inciten a la confrontación, el ataque o la violencia hacia los manifestantes del Poder Judicial y sus acompañantes que participen en la marcha programada para el 22 de octubre del año en curso. La suspensión se otorga para garantizar el derecho humano a la manifestación, siempre que no se afecten los derechos de terceros.
Los trabajadores del Poder Judicial están organizando esta marcha para expresar su desacuerdo con la extinción de 13 fideicomisos. El presidente López Obrador ha expresado su opinión sobre la marcha, calificándola como «de pena ajena» y argumentando que no se afectarán los salarios ni las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, sino que los cambios se dirigirán a las personas de más alto nivel.
Esta decisión judicial es un ejemplo de la separación de poderes en una democracia, donde el Poder Judicial tiene la autoridad para tomar medidas que protejan los derechos de los ciudadanos y limitar las acciones del Poder Ejecutivo en caso de que se considere necesario para preservar esos derechos.
