El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que al cierre de 2022 las fiscalías del País acumulaban 2 millones 915 mil 889 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir. Esto representa un aumento del 76% respecto a 2018.
Investigaciones en fiscalía del país sin resolución
Las dependencias con mayor rezago eran las de Jalisco, con 491 mil 33 averiguaciones y carpetas sin cerrar; Baja California, con 398 mil 823, y Ciudad de México, con 228 mil 874.
El Inegi reportó que este aumento en el rezago se debe a una combinación de factores, entre ellos:
Un incremento en la carga de trabajo: En 2022, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron y/o abrieron 2 millones 165 mil 775 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, lo que representó un aumentó de 5.1% respecto a 2021.
Una disminución de unidades administrativas y de personal: En 2022, las fiscalías estatales y la FGR contaban con 4 mi 529 agencias o fiscalías del Ministerio Público y unidades administrativas y una plantilla de 111 mil 247 funcionarios, 8 mil 425 menos que en 2018.
El rezago en las fiscalías del País tiene un impacto negativo en la justicia, ya que dificulta la investigación y persecución de los delitos. Esto puede llevar a la impunidad y a la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia.
Para abordar este problema, es necesario que las fiscalías estatales y la FGR implementen medidas para aumentar su capacidad de investigación y persecución de los delitos. Estas medidas podrían incluir:
Incrementar el número de unidades administrativas y de personal: Esto permitiría a las fiscalías atender la creciente carga de trabajo.
Modernizar los sistemas de información: Esto permitiría a las fiscalías realizar un seguimiento más eficiente de las investigaciones.
Fortalecer la coordinación entre las fiscalías: Esto permitiría a las fiscalías compartir información y recursos para agilizar las investigaciones.
El gobierno federal y los gobiernos estatales deben trabajar juntos para garantizar que las fiscalías tengan los recursos y las herramientas necesarias para cumplir con su función de impartir justicia.
Por: Patricio Álvarez.
