CIUDAD DE MÉXICO. – En una estrategia agresiva para fortalecer las arcas públicas sin aumentar impuestos, el Gobierno de México ha puesto la mira en uno de los esquemas de evasión más persistentes: las empresas que facturan operaciones simuladas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) redoblará sus esfuerzos de fiscalización para erradicar la compra-venta de facturas, una práctica que calificó como una fuga inaceptable de recursos y un acto de corrupción que debilita al Estado.
El fin de las simulaciones
La mandataria fue contundente al señalar que el objetivo son aquellas redes que emiten comprobantes fiscales por servicios o bienes que nunca existieron. «Todavía hay quienes se dedican a hacer facturas a través de empresas que no producen nada, pero que sirven para evitar el pago del IVA, el IEPS o el ISR», criticó. Esta práctica, que genera deducciones ilegales, será combatida mediante auditorías profundas y el uso de inteligencia de datos.
Los perfiles en la mira de Hacienda
Por su parte, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, detalló que la vigilancia no solo será para quienes venden las facturas, sino principalmente para los contribuyentes que las compran. Las auditorías se centrarán en:
- Empresas con pérdidas recurrentes: Se investigará a quienes presenten saldos negativos constantes mediante el uso de «nomineras» o factureras.
- Deducciones atípicas: Aquellos que simulen gastos para reducir su base gravable o que no declaren la totalidad de sus ingresos.
- Control aduanero: Se intensificarán las inspecciones en las aduanas para evitar el contrabando y la subvaluación de mercancías, piezas clave en el ciclo del dinero ilícito.
Una meta ambiciosa de recaudación
El trasfondo de esta ofensiva es estrictamente financiero. Con estas acciones, el Gobierno de México busca recaudar 498 mil millones de pesos adicionales este 2026 en comparación con el año anterior. Este excedente será fundamental para financiar los programas sociales y los proyectos de infraestructura del sexenio, apostando por la eficiencia recaudatoria y el cumplimiento de la ley por encima de la creación de nuevas cargas fiscales.
Con este anuncio, el mensaje para el sector empresarial es claro: la digitalización y el cruce de información del SAT han cerrado el margen de maniobra para los esquemas de planeación fiscal agresiva. Aquellos que operen bajo la legalidad verán un piso parejo, mientras que quienes persistan en el uso de facturas falsas enfrentarán las consecuencias de una fiscalización sin precedentes.
