La Secretaría de Economía tomó el control de 889 mil 502 hectáreas que estaban en manos de particulares debido a faltas legales y administrativas. Las cancelaciones se concentraron en estados con alta actividad extractiva como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco.
La revocación de estos títulos se debió principalmente al impago de derechos por más de dos años y a la falta de informes sobre el avance de obras. Las autoridades señalaron que la ausencia de estos reportes evidenciaba que los bienes permanecían ociosos y eran utilizados únicamente para la especulación financiera.
Dentro de la superficie recuperada destacan 250 mil hectáreas ubicadas en áreas naturales protegidas, las cuales ahora quedan libres de actividad minera. Aunque la mayoría de las bajas fueron forzosas por incumplimiento, el gobierno reportó que una parte menor del volumen total fue devuelta de forma voluntaria tras mesas de diálogo con las empresas del sector.
Esta medida busca frenar el acaparamiento de terrenos y garantizar que la actividad minera en el país cumpla con una función productiva real. Las revisiones administrativas continuarán en toda la República para asegurar que los concesionarios vigentes respeten la normativa y los pagos correspondientes al Estado.
