La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este lunes que al menos cinco personas habrían participado en el asesinato de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, hecho ocurrido el domingo al interior del edificio de Gobierno de la localidad, en la región de la Sierra Sur.
El titular de la dependencia detalló que los agresores efectuaron al menos 60 disparos con armas de alto poder, lo que revela un ataque planeado y ejecutado con extrema violencia.
Líneas de investigación abiertas
Durante su mensaje, la Fiscalía señaló que se han abierto diversas líneas de investigación, entre ellas:
- Presunto desvío de recursos públicos
- Robo a la tesorería municipal
- Cobro de cuotas ilegales por el tránsito de madera
- Falsificación de documentos oficiales
- Conflictos político-sociales derivados de la elección municipal
No obstante, el fiscal aclaró que no había reportes de amenazas previas contra García Soto, aunque sí se tenían denuncias activas que estaban siendo atendidas por las autoridades. “Nos reunimos con ella hace un mes para darles seguimiento. El municipio no estaba identificado como zona con alta incidencia delictiva ni con presencia de grupos criminales”, sostuvo.
Reacciones oficiales y contexto de violencia política
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó enérgicamente el crimen y expresó su compromiso para que este caso no quede impune. Por su parte, la Fiscalía confirmó que además de la alcaldesa, otra persona del sexo masculino también fue asesinada en el ataque.
La organización civil Data Cívica ha documentado en lo que va del año 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a cargos públicos en México, como parte de un total de 246 ataques relacionados con violencia política.
Oaxaca se ubica como el cuarto estado con más agresiones documentadas entre enero y abril de 2025, con 17 casos, solo por detrás de Sinaloa (25), Guerrero (19) y Veracruz (18).
Entre 2018 y 2025, la misma organización ha registrado 2,410 ataques, que incluyen asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos, autoridades gubernamentales o instalaciones oficiales y de partidos en todo el país.
