La Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó una nueva solicitud formal ante la Cámara de Diputados para retirar el fuero constitucional al senador Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, con el objetivo de que enfrente cargos por uso indebido de atribuciones y peculado durante su gestión como gobernador del estado entre 2015 y 2019.
De acuerdo con fuentes oficiales, la solicitud fue entregada a la Secretaría General del Congreso de la Unión y se sustenta en cuatro carpetas de investigación ya judicializadas, en las que se acusa al también dirigente nacional del PRI de haber incurrido en un presunto desvío de 83.5 millones de pesos.
Viejas acusaciones, nuevos intentos
Esta no es la primera vez que la Fiscalía campechana intenta llevar a Moreno Cárdenas ante los tribunales. En 2022, la entonces Fiscalía General del Estado ya había promovido un proceso similar por enriquecimiento ilícito, argumentando que el exmandatario no podía justificar con su salario de 80 a 90 mil pesos mensuales la compra, remodelación y decoración de una lujosa mansión en la capital campechana, además de otras propiedades en distintos estados del país.
Aquella solicitud fue desactivada en San Lázaro tras un acuerdo político entre el PRI y Morena, que derivó en la aprobación de la reforma constitucional que amplió la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Acusaciones por enriquecimiento y recursos de origen ilícito
Además del señalamiento por peculado, Moreno también ha sido vinculado a investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque ninguna de las denuncias ha derivado hasta el momento en un proceso penal, debido al fuero constitucional que mantiene como legislador.
Contexto político y tensiones
La reactivación del caso ocurre en un contexto de alta polarización política en el país, con campañas anticipadas rumbo a 2027 y una creciente presión sobre figuras clave de la oposición. Para analistas, este nuevo intento de desafuero podría tener tanto motivaciones legales como cálculos políticos, especialmente si se considera el papel de “Alito” como uno de los líderes más visibles del bloque opositor.
El expediente ahora está en manos de la Cámara de Diputados, que deberá valorar si existen elementos suficientes para iniciar el proceso de retiro de inmunidad legislativa, o si se trata nuevamente de una maniobra sin viabilidad jurídica real.
Mientras tanto, Alejandro Moreno no ha emitido una postura oficial tras esta nueva embestida legal por parte del gobierno de Campeche.
