A más de un mes del estremecedor hallazgo de 386 cuerpos abandonados en un crematorio de Ciudad Juárez, el clamor de las familias afectadas ha escalado en intensidad y desesperación. Sin respuestas claras, sin un plan integral de identificación, y con apenas dos detenidos hasta ahora, los familiares se manifestaron este fin de semana frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, para exigir transparencia, justicia y trato digno a los restos de sus seres queridos.
Con pancartas y fotografías de sus familiares desaparecidos, los manifestantes cubrieron los muros de la Fiscalía con frases como “ni perdón ni olvido”, “no son solo cuerpos abandonados, son seres amados” y “cada cuerpo tenía una historia”, en una protesta que expone el abandono institucional y la grave negligencia del gobierno estatal, encabezado por María Eugenia Campos, ante una de las peores tragedias forenses en la historia reciente del país.
Acusan encubrimiento, negligencia e impunidad
Familiares como Norma Patricia Trevizo denunciaron públicamente la falta de congruencia entre la información oficial y las imágenes que han circulado por canales no oficiales. “Dijeron que los cuerpos estaban vestidos y era fácil identificarlos. Pero las fotos muestran otra cosa: cuerpos desnudos, apilados unos sobre otros, sin ningún protocolo de preservación”, expresó.
Trevizo también señaló que las funerarias implicadas entregaron “cenizas que no parecen humanas”, sembrando aún más dudas sobre la integridad de los procesos. “Esto no es un error administrativo, esto es un crimen institucionalizado que nadie quiere asumir”, dijo.
Por su parte, Manuela Soto compartió el desconcierto que vivió al recibir los restos de su padre: “Nos dieron dos bolsas de cenizas, cuando se supone que debía ser una. Nadie nos explicó nada. Nunca habíamos cremado a nadie, no sabíamos que algo así podía pasar”.
Fiscalía cierra acceso a información clave
Una de las mayores indignaciones expresadas por los familiares es que la Fiscalía se ha negado a compartir las fotografías de los cuerpos hallados, lo que obstaculiza la identificación. Ante la negativa oficial, las familias decidieron hacer públicas sus propias imágenes y organizaron una intervención visual en la fachada de la institución: “No eran cuerpos, eran familias con historia”, expresó Bertha Matías, otra manifestante.
Matías denunció que las imágenes con las que los familiares han podido identificar a sus seres queridos provienen de medios de otros estados y filtraciones extraoficiales, lo que refuerza la percepción de un manejo turbio, opaco y deshumanizante del caso.
Justicia congelada y presupuesto ausente
A pesar del número impactante de cuerpos hallados, solo hay dos personas detenidas, y el proceso de identificación es lento y limitado por falta de recursos, especialmente para pruebas de ADN, que resultan indispensables ante el avanzado estado de descomposición de muchos cuerpos.
“No pedimos milagros, pedimos lo mínimo: saber qué pasó, quién permitió esto y por qué nuestros seres queridos fueron tratados como basura”, reclamó otro manifestante. Además, exigieron una reunión directa con la gobernadora Maru Campos, quien hasta ahora ha evitado un encuentro cara a cara con las familias.
¿Quién responde por el horror?
El crematorio de Ciudad Juárez ha dejado al descubierto no solo un sistema colapsado, sino también un entramado de negligencia oficial, omisiones graves y posible corrupción entre funerarias, autoridades y forenses. Las familias, rotas por el dolor, se han convertido en la única voz firme que exige justicia, mientras el aparato gubernamental se mueve a cuentagotas y con una narrativa de evasión.
Hoy, Ciudad Juárez no solo lidia con la tragedia de la violencia, sino también con el abandono institucional hacia los muertos. Aún nadie ha dado la cara, nadie ha pedido perdón, y las familias siguen clamando por algo que parece elemental: una respuesta digna para quienes ya no pueden alzar la voz por sí mismos.
