Washington D. C., EE. UU. / Ciudad de México, México – La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, según un reporte de la agencia Reuters. Esta acción es vista por exembajadores estadounidenses como una táctica de presión que ha alcanzado un nivel sin precedentes en administraciones recientes, en medio de la «guerra contra las drogas» de Washington.
La medida ha generado una «conmoción discreta» en la élite política mexicana, acostumbrada a viajar frecuentemente a Estados Unidos y dependiente de sus permisos de entrada. Fuentes consultadas por Reuters confirmaron que la medida afecta a políticos de Morena y de otros partidos.
Estrategia de Presión e Intereses Nacionales
Funcionarios estadounidenses anónimos explicaron que la revocación de visas es una herramienta que se puede aplicar en cualquier momento y forma parte de los esfuerzos para “proteger los intereses nacionales” ante la creciente influencia del crimen organizado.
«La administración Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, señaló Earl Anthony Wayne, exembajador de EE.UU. en México (2011-2015).
La estrategia de seguridad de Trump, que incluye la designación de algunos cárteles como organizaciones terroristas, implica que la información de inteligencia de la DEA tiene un impacto cada vez mayor en el estatus migratorio de funcionarios mexicanos.
Casos Conocidos y Reacción Mexicana
Aunque ni la Presidencia de México ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han confirmado la lista completa, se han hecho públicos varios casos de alto perfil:
- Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero.
- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo Carlos Torres.
- Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora.
- Luis Guerrero, esposo de la alcaldesa de Mexicali (Baja California), Norma Bustamante.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado públicamente que no tiene información sobre la identidad de los afectados, indicando que el Gobierno de Estados Unidos ha sido claro en que se trata de información personal.
Expertos han advertido que esta acción podría generar fricciones, ya que la presidenta Sheinbaum podría considerar que colaborar con Estados Unidos en estos términos tiene un alto costo político.
