El Congreso del Estado de Guanajuato suspendió este jueves la votación para despenalizar el aborto, tras un empate técnico de 18 votos a favor y 18 en contra, lo que detuvo momentáneamente el avance de la iniciativa.
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo local, el dictamen será sometido nuevamente a discusión y votación en la próxima sesión ordinaria del 5 de junio. Si persiste el empate, se reservará hasta el siguiente periodo ordinario en septiembre; en caso de no haber modificaciones, la iniciativa será archivada de forma definitiva.
La sesión, marcada por un ambiente de alta tensión, estuvo acompañada de manifestaciones simultáneas tanto de colectivos feministas como de grupos provida que se hicieron presentes dentro y fuera del recinto legislativo. La votación se prolongó por más de seis horas, y el empate fue provocado en el último momento por el voto en contra de la diputada Rocío Cervantes Barba, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien se sumó a los 16 votos del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y al de un legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Además, durante la misma sesión se archivaron otras iniciativas relacionadas con los derechos reproductivos, entre ellas una que proponía eliminar de la Constitución local la definición de persona desde la concepción hasta la muerte natural y otra que buscaba obligar al Estado a prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo.
#SesiónDePleno 🏛️ | El Pleno discutió el dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto voluntario. Al someterse a votación, se registró empate, por lo que se repetirá la discusión y votación en la sesión inmediata siguiente.
— Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) May 29, 2025
Con esta decisión, Guanajuato continúa entre las nueve entidades del país que no han armonizado sus leyes con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en una sentencia reciente ordenó a los congresos estatales despenalizar el aborto y garantizar el acceso a servicios reproductivos como un derecho constitucional.
Actualmente, 23 entidades en México —22 estados más la Ciudad de México— permiten el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, con Sinaloa como excepción al autorizarlo hasta la semana 13. La Ciudad de México fue pionera en 2007 y ahora discute eliminar el plazo legal para abortar, argumentando que éste sigue criminalizando a las mujeres más vulnerables.
La decisión del Congreso guanajuatense representa un nuevo punto crítico en la disputa nacional por los derechos sexuales y reproductivos, en un contexto en el que la mayoría del país ha optado por avanzar hacia la legalización.
