MORELIA, MICHOACÁN. – En un despliegue coordinado que reafirma la presencia del Estado en zonas de alta conflictividad, fuerzas federales y locales lograron la captura de nueve presuntos integrantes del crimen organizado y la destrucción de tres campamentos clandestinos. Esta acción forma parte de los resultados recientes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia lanzada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para pacificar la entidad tras el impacto social que generó el asesinato del alcalde de Uruapan en noviembre pasado.
Arsenal y logística fuera de circulación
Bajo el mando de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa (Defensa), con el apoyo de la Marina y la FGR, el operativo no solo logró detenciones, sino que retiró del poder delictivo un arsenal significativo. Entre lo asegurado destacan:
- Armamento: 8 armas de fuego, 491 cartuchos útiles y 43 cargadores.
- Explosivos: Un artefacto explosivo improvisado, herramienta común en las pugnas territoriales actuales.
- Movilidad: Siete vehículos que eran utilizados para el despliegue de grupos armados en la región.
Protección al corazón agrícola del estado
Más allá de las capturas, las autoridades han implementado reconocimientos a pie en municipios clave como Aguililla, Apatzingán, Uruapan y Zamora. El objetivo es blindar las industrias del aguacate y los cítricos, sectores que históricamente han sufrido el acoso y la extorsión de las 12 organizaciones criminales que se disputan el estado, entre ellas el CJNG, Los Viagras y Los Caballeros Templarios.
Cifras de una ofensiva sostenida
El balance presentado este martes revela que el Plan Michoacán ha mantenido una presión constante desde su implementación. Del 10 de noviembre de 2025 al 19 de enero de 2026, los resultados acumulados son contundentes:
- 426 personas detenidas.
- 238 armas de fuego y 200 artefactos explosivos incautados.
- 858 kilos de droga (marihuana y metanfetaminas) y más de 40 toneladas de precursores químicos asegurados.
- 26 campamentos y 50 tomas clandestinas inhabilitadas.
Con estas acciones, el Gobierno de México busca no solo reaccionar ante la violencia, sino desarticular la infraestructura logística y financiera de los grupos delictivos. La presencia de las fuerzas de seguridad en los campos de cultivo y centros industriales pretende devolver la confianza a los productores y asegurar que el motor económico de Michoacán no se detenga ante la amenaza del crimen organizado.
