Ciudad de México – El Gobierno de la Ciudad de México ha inaugurado espacios tolerados para el consumo de cannabis, conocidos como “paraísos 4:20”, con el fin de crear zonas seguras para los consumidores. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa, colectivos cannábicos denuncian que persiste la incertidumbre legal y la criminalización por parte de la policía.
Un ejemplo de esta problemática ocurrió el 6 de agosto en la Plaza de la Concepción, donde, según la activista Norma de la colectiva Hijas de la Cannabis, dos policías “abordaron de manera violenta” a un consumidor. La situación, que incluyó una inspección corporal, se detuvo solo con la intervención del colectivo. La activista lamentó que, a pesar de ser un espacio “amparado” por el gobierno, los consumidores sigan siendo víctimas de hostigamiento.
Urge regulación y respeto a los derechos humanos
Antes de la creación de estos espacios, los colectivos habían instalado “puntos de protesta” para exigir una regulación, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición de la marihuana por parte de la Suprema Corte en 2021. Aunque algunos de estos campamentos han sido reubicados, activistas como Popeye, del colectivo Comuna 4:20, celebran que las autoridades estén creando zonas seguras con reglas, pero insisten en la necesidad de una legislación clara y con enfoque en los derechos humanos.
En los puntos de consumo, el gobierno ofrece orientación para tramitar un amparo ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que permita el autocultivo y autoconsumo. Mientras tanto, algunos vecinos, como Moisés San Juan, de 75 años, se muestran a favor de la medida, confiando en que una regulación traerá una mayor seguridad y permitirá que los consumidores de cannabis no tengan que «esconderse».
