

Alrededor de 200 habitantes de 49 comunidades rurales de Acapulco bloquearon este jueves la Autopista del Sol y la carretera federal, en protesta por el abandono gubernamental en materia de salud, infraestructura y servicios básicos. La movilización fue encabezada por comisarios, delegados y transportistas de localidades como La Calera, Las Marías, Puente de Fierro, Pablo Galeana, Xolapa y El Playón.
El principal reclamo es la reconstrucción del Hospital Básico Comunitario de Xaltianguis, que se encuentra inoperante desde hace años y agravó su deterioro tras el paso de los huracanes Otis y John.
“Hoy no tenemos rayos X, quirófano, sala de partos ni ambulancia. Hay equipos de más de 10 millones de pesos echándose a perder por filtraciones”, denunció Daniel Rosas Martínez, coordinador de comisariados y representante de Xaltianguis.
Los manifestantes demandan una reunión directa con representantes de dependencias como la Secretaría de Salud federal, el Instituto Mexicano del Bienestar, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según los organizadores, otras 200 personas podrían sumarse a la protesta a lo largo del día.
Entre otras exigencias, los pobladores reclaman:
- La rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales, colapsada desde hace cinco años, cuya falta de atención representa un riesgo ambiental. Esta obra involucra a CAPASEG, SDUOPOT y Conagua.
- El pago de un adeudo superior a 150 millones de pesos por parte de la CFE a ejidatarios de La Tortolita, correspondiente al uso de derechos de vía y renta de tierras no cubiertos desde hace más de cinco años.
- La ejecución de más de 150 obras y servicios pendientes, que según los líderes comunitarios, han sido ignoradas por distintas administraciones municipales y estatales.
“No hay obra prioritaria municipal. Nos han dado largas durante años. Traemos más de 150 peticiones que siguen sin resolverse”, insistió Rosas Martínez.
Hasta el momento del bloqueo, ninguna autoridad se había presentado a dialogar con los inconformes, quienes mantienen su posición de no liberar las vías hasta recibir atención directa de funcionarios federales y estatales.