La periodista Adela Navarro Bello, directora general del semanario ZETA con sede en Tijuana, Baja California, ha sido objeto de una serie de amenazas telefónicas tras la publicación de investigaciones periodísticas que involucran a la Fiscalía estatal y al gobierno de Baja California. Así lo denunció la organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión.
Entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025, Navarro recibió ocho llamadas intimidatorias dirigidas a distintas líneas del semanario, incluyendo su conmutador principal. En todas ellas, una voz masculina lanza el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, y cuelga de inmediato. Según el testimonio de la periodista, los sonidos de fondo en las llamadas varían: las primeras mostraban eco, mientras que las más recientes sugieren movimiento y ruido similar al de una motocicleta, lo que podría indicar distintos emisores.
Las amenazas comenzaron luego de que ZETA publicara una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General de Baja California en torno a una narcofosa. La situación se agravó tras nuevos reportajes relacionados con presuntos actos de corrupción, como la revocación de visas a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo, Carlos Torres.
Pese a haber informado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, hasta el momento no se ha iniciado una investigación ni se han adoptado medidas para proteger a la comunicadora. Esta omisión, señala Artículo 19, eleva el riesgo para Navarro y su equipo, quienes siguen trabajando en la difusión de información de interés público.
En 2024, la organización documentó al menos 90 amenazas contra periodistas en México, muchas de ellas con contenido explícito de violencia. En este contexto, Artículo 19 recordó el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, el cual establece que las amenazas y agresiones contra periodistas representan una grave violación a los derechos fundamentales y fomentan la autocensura.
Ante esta situación, Artículo 19 exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrir una investigación inmediata, imparcial y con enfoque de género. Además, solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se otorguen medidas de protección urgentes para Adela Navarro y el equipo del semanario ZETA.
