La Cámara de Diputados ha aprobado la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, en una votación que reflejó 260 votos a favor y 196 en contra. Esta medida, propuesta por Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, tiene como objetivo destinar los 15 mil millones de pesos de estos fondos a programas que se alineen con el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente enfocados en otorgar pensiones a personas con discapacidad.
Según Mier Velazco, la iniciativa busca priorizar a los sectores más desfavorecidos y fortalecer la justicia en México, sin afectar a los 55 mil 800 trabajadores relacionados. En respuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha afirmado que seis de los fideicomisos eliminados están directamente relacionados con los derechos de los trabajadores, abarcando pensiones y apoyos médicos especiales.
El proyecto ahora se traslada al Senado de la República para su análisis y ratificación. Además, se ha incorporado un artículo quinto transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impone más obligaciones a la SCJN en relación con la distribución de los recursos. Según la Comisión del Presupuesto, el Poder Judicial actualmente dispone de 14 fideicomisos, de los cuales se retirarán 13, dejando solo un fideicomiso con 6 mil 103 millones de pesos.
Este cambio se ha convertido en un tema de discusión importante, ya que el programa de pensiones para personas con discapacidad se ha posicionado como el quinto más relevante entre los 15 programas prioritarios de la administración, en línea con la «Pensión para Personas Adultas Mayores», diversos programas de becas, «Sembrando Vida» y «La Escuela Es Nuestra».
Dentro de las entidades donde la pensión es universal, gracias a acuerdos con los gobiernos locales, se encuentran Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Se espera que el Senado examine minuciosamente esta propuesta y evalúe su impacto en la distribución de recursos para los programas de desarrollo nacional.
Por: Ingrid Castillo
