Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina el pasado 10 de diciembre . Con tres meses de gestión, ha propuesto un paquete de reformas (“ley ómnibus”: porque lleva varias dentro) que, entre otras cosas, apoya la desregulación de la economía y reducir, así, el peso del Estado. Argentina, desde entonces, es testigo de un levantamiento social paradigmático.
La ley, que realmente se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, propone reformas en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral. La propuesta original contemplaba reformar muchas más áreas, incluyendo la fiscal, previsional, sanitaria y la de seguridad y defensa, pero el gobierno redujo en más de la mitad para lograr que se apruebe el paquete.
Una de las grandes polémicas de esta ley estriba en su componente a favor de la distensión del Estado sobre sectores específicos: sugiere la privatización de 27 compañías, entre las que se encuentran aerolíneas, correos, ferrocarriles, agencia de noticias, fabricaciones militares y agua.
La propuesta también incluye un argumento contra la protesta social: aumenta las penas a hasta cuatro años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público o hasta cinco años a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impida, estorbe o entorpezca la circulación o el transporte público o privado.”
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En tanto, la propuesta del gobierno les da más poderes a las fuerzas de seguridad, eliminando las penas a quienes utilicen armas «en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
El día de ayer, en medio de protestas sociales que incluyeron marchas, un paro nacional y un sector cultural enardecido, el Congreso del país aprobó en lo general, con 144 votos a favor y 109 en contra, la “ley ómnibus”. Sin embargo, habrá que esperar hasta las sesiones ordinarias, a partir de marzo, para saber cómo se desarrollaría el “megadecreto”.
Desde el pasado 24 de enero, las calles de Argentina han sido testigos de la protesta social contra este conjunto de cambios. Sindicatos, organizaciones sociales, políticos de la oposición y diversos grupos autoconvocados luchan contra lo que, entre otras cosas, significa el desmantelamiento del Estado, recortes presupuestarios y la eliminación de organizaciones vertebrales para los diferentes rubros que impactará.
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Ha habido un paro parcial de actividades desde entonces y marchas. Es la tercera protesta masiva contra el presidente Milei y el primer paro que la principal central sindical del país convoca en cinco años.
