Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes están solicitando urgentemente la intervención de funcionarios electos para evitar la deportación de Sofía, una niña mexicana de cuatro años que recibe tratamiento médico vital en Estados Unidos y que, según sus médicos, podría morir en cuestión de días si se interrumpe su atención.
Sofía, quien padece el síndrome del intestino corto —una condición potencialmente mortal que impide al cuerpo absorber los nutrientes necesarios para sobrevivir—, ingresó a Estados Unidos junto con sus padres en julio de 2023 gracias a un permiso humanitario de emergencia. Desde entonces, ha sido atendida en el Hospital Infantil de Los Ángeles, uno de los pocos centros médicos en el país con experiencia en tratar esta enfermedad en menores de edad.
Sin embargo, en abril pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) notificó a la familia que su permiso había sido revocado, ordenando su salida del país. Además, a la madre de Sofía, Deysi Vargas, le fue cancelado su permiso de trabajo, lo que ha dejado a la familia sin ingresos y sin medios para costear los gastos médicos ni los traslados desde su residencia en Bakersfield hasta Los Ángeles.
“Quitarle la atención médica que le salvó la vida y obligarla a regresar a un lugar donde podría morir en cuestión de días es una cruel traición a la palabra de nuestra nación y una afrenta a nuestra humanidad compartida”, expresó Rebecca Brown, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, que representa a la familia.
Los médicos del Hospital Infantil han confirmado que, sin su tratamiento actual, Sofía no sobreviviría. Los abogados aseguran que en México no existen las condiciones para continuar con su atención, calificando la posibilidad de un tratamiento exitoso como “prácticamente imposible”.
Ante la gravedad del caso, Public Counsel ha contactado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), así como a miembros del Congreso y legisladores estatales, en busca de una solución que permita a Sofía y su familia permanecer en el país.
“Esperamos que el Gobierno estadounidense restablezca nuestra libertad condicional para que mi hija pueda recibir la atención que necesita”, declaró con angustia la madre de la menor.
Rebecca Brown hizo un llamado a reconsiderar la política migratoria actual, subrayando que “el caso de Sofía es un claro recordatorio de que debemos considerar la situación de cada persona individualmente, a menos que, como nación, nos sintamos cómodos condenando a nuestros semejantes a muerte y tortura dejando las decisiones en manos de procesos burocráticos indiferentes”.
El futuro de Sofía sigue incierto, mientras aumenta la presión sobre las autoridades migratorias para que reconsideren su decisión y permitan que la menor continúe recibiendo el tratamiento que le ha permitido seguir con vida.
