La democracia peruana enfrenta este martes una nueva jornada crítica que podría culminar con la destitución del presidente interino, José Jerí. A menos de dos meses de las elecciones generales, el país andino se encuentra ante la posibilidad de registrar su octavo cambio de mando en apenas diez años, un síntoma de la inestabilidad crónica que padece su sistema político. Jerí, quien asumió la jefatura de Estado en octubre pasado tras la salida de Dina Boluarte, ha perdido el respaldo de las mayorías parlamentarias que inicialmente lo encumbraron, quedando prácticamente solo frente a una serie de mociones de censura que cuestionan su integridad moral y ética.
El mandatario transitorio, que llegó al Congreso como suplente del inhabilitado Martín Vizcarra, escaló de manera meteórica hasta la presidencia del Legislativo y, posteriormente, al Palacio de Gobierno. Sin embargo, su gestión se ha visto empañada por escándalos que han minado su popularidad. Actualmente, la Fiscalía mantiene abiertas investigaciones en su contra por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, sumándose a un historial de denuncias previas que incluyen acusaciones de sobornos para impulsar proyectos de ley y cuestionamientos sobre su vida privada dentro de la sede presidencial.
Las cenas «semiclandestinas» y el escándalo del Chifa
El detonante de la actual crisis fue la revelación de una serie de videos de cámaras de seguridad que muestran al presidente Jerí asistiendo a reuniones con un perfil inusualmente bajo. Según las pruebas presentadas, el mandatario acudió encapuchado a cenas con empresarios chinos que mantienen contratos activos con el Estado peruano. El punto más crítico ocurrió en el restaurante «chifa» del empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang, establecimiento al que Jerí regresó apenas horas después de que el local fuera clausurado por autoridades municipales, lo que ha sido interpretado por la oposición como un claro uso indebido de su autoridad para favorecer intereses particulares.
A este escenario se suman irregularidades en la contratación de personal dentro de la estructura gubernamental. Los registros de ingreso al Palacio de Gobierno de Lima han expuesto reuniones de larga duración, algunas extendidas durante toda la noche, entre el presidente y diversas funcionarias que posteriormente fueron dadas de alta en la nómina estatal. Para la mayoría de las bancadas, con excepción del fujimorismo que aún mantiene un apoyo condicionado, estos hechos constituyen una incapacidad moral que hace insostenible la permanencia de Jerí hasta el día de los comicios.
El dilema constitucional y la sucesión de poder
La defensa de José Jerí ha intentado frenar el proceso argumentando que su destitución requeriría de 87 votos, la misma votación calificada que exige la Constitución para un presidente elegido por voto popular. No obstante, la estrategia del Congreso se centra en censurarlo estrictamente como presidente del Legislativo. Bajo el marco legal actual, al perder el cargo en el Congreso, Jerí pierde automáticamente la investidura de jefe de Estado, una vía que requiere una mayoría más simple y que parece tener el camino despejado para este martes.
De concretarse la salida de Jerí, el foco de incertidumbre se traslada a la línea de sucesión. El nombre que resuena con mayor fuerza en los pasillos del Palacio Legislativo es el de la derechista Maricarmen Alva. Alva es una figura conocida por su férrea oposición al gobierno del encarcelado Pedro Castillo y por haber presidido el Congreso en uno de sus periodos más convulsos. Su posible ascenso representaría un último giro en el tablero político antes de que los peruanos acudan a las urnas, en un intento por dar una apariencia de orden a una transición que ha estado marcada por el caos y el recambio constante de gobernantes.
