El Gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado una cacería en contra de los testigos electorales que exhibieron el fraude de las lecciones del 28 de julio. El chavista ha sofisticado la maquinaria represiva contra la oposición que se niega a reconocer su victoria en las urnas cuestionada también por la comunidad internacional.
Hasta mediados de este agosto, al menos 24 personas habían perdido la vida debido a la violencia ejercida por el Estado para reprimir las protestas que se organizaron a causa del “robo” electoral.
La media de edad de los fallecidos es de 27 años, según Monitor de Víctimas y las organizaciones civiles Provea y Encuesta Nacional de Hospitales. La mayoría de las víctimas procede de barrios populares. La zona más afectada, con 10 asesinados, es Gran Caracas.
En esta estrategia de represión que incluye persecución, encarcelamiento, tortura y asesinato, participaron policías nacionales, regionales y municipales, agentes de Inteligencia y miembros de las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
A estas organizaciones, se sumaron las operaciones llevadas a cabo por grupos de choque de civiles armados, como las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH). En el Estado de Carabobo, el gobernador Francisco Ameliach ordenó públicamente a las UBCH “a prepararse para el contra ataque fulminante” contra los manifestantes. Tres días después fue asesinada por arma de fuego la estudiante Génesis Carmona.
Durante los últimos diez años, Maduro ha activado esta maquinaria represiva en diversas ocasiones, de manera especial en las protestas de 2017 contra el Gobierno y en 2019 en medio de la crisis política, que sumaron 300 asesinados y al menos 15.000 ciudadanos detenidos.
La ONU, mediante su Misión Internacional de Determinación de Hechos, concluyó que es “una maquinaria diseñada y desplegada para reprimir a la disidencia y cimentar su propio control del poder. Este plan fue orquestado al más alto nivel político encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades”.
