NUEVA YORK – En su Informe Mundial 2026, la organización Human Rights Watch (HRW) lanzó una dura advertencia sobre el deterioro de las libertades fundamentales en América Latina y el Caribe. Según el reporte, el primer año del nuevo mandato de Donald Trump ha servido como catalizador para que diversos gobiernos regionales refuercen prácticas represivas, justifiquen detenciones masivas y militaricen la seguridad pública bajo el amparo de la retórica de Washington.
Represión y Militarización
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló que la administración estadounidense ha aplicado una «doble vara»: mientras condena a Venezuela, Cuba y Nicaragua, ignora abusos graves en países aliados como El Salvador, Perú y Ecuador. Estos últimos han aprobado leyes que permiten el cierre de medios independientes y ONG, debilitando los contrapesos democráticos. Además, se denunció que los ataques marítimos de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico, que han dejado más de 120 muertos, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Abusos Migratorios y el Factor Venezuela
El informe documenta una situación alarmante para los migrantes:
- Deportaciones críticas: El Salvador ha sometido a venezolanos retornados a torturas y desapariciones, mientras que República Dominicana intensificó la expulsión de haitianos hacia zonas de alto riesgo.
- Conflicto armado: HRW alertó que el ataque militar de EE. UU. contra Venezuela a inicios de 2026, lejos de democratizar el país, podría fortalecer al gobierno represivo local y responde a intereses comerciales de Washington.
México y el Crimen Organizado
Respecto a México, HRW criticó la estrategia gubernamental que combina el fortalecimiento de la inteligencia con medidas que facilitan las detenciones masivas, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. La organización identifica al crimen organizado como la mayor amenaza regional, señalando que las respuestas estatales —como operativos letales en Brasil o la expansión de grupos armados en Colombia— han fallado en proteger a la población civil, dejando a periodistas y activistas como el último bastión de la democracia en un entorno hostil.
