Estados Unidos – El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta múltiples demandas por parte de ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos arbitrariamente durante redadas migratorias. Las querellas acusan al Ejecutivo de violaciones a los derechos constitucionales y buscan indemnizaciones que ascienden hasta los 50 millones de dólares.
Casos Notables
1. El Obrero Detenido Dos Veces
El ciudadano estadounidense Leonardo García Venegas demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por ser detenido en dos ocasiones en sitios de construcción de Alabama.
- Violación alegada: Violación de la Cuarta Enmienda (que protege contra detenciones sin causa probable).
- Hechos: García Venegas, de padres mexicanos, fue detenido una primera vez en mayo y mantenido esposado por una hora, a pesar de identificarse como ciudadano. En junio, fue detenido nuevamente, negándose los agentes a aceptar su identificación REAL ID.
- Estatus: La demanda se ha planteado como una querella colectiva de trabajadores de la construcción que alegan haber sido detenidos en circunstancias similares.
2. El Anciano Recién Operado Agredido
El empresario Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, presentó una demanda por sufrir lesiones graves, fracturas y traumatismo craneoencefálico tras ser detenido en una redada migratoria.
- Hechos: Videos de seguridad muestran a agentes del DHS irrumpiendo y empujando a Shouhed. Al intentar hablar, fue arrojado al pavimento, donde un agente le presionó el cuello con la rodilla mientras le torcían los brazos.
- Agravante: El anciano informó a los agentes que se recuperaba de una cirugía de corazón y que no podía respirar, pero fue ignorado, trasladado esposado y retenido por casi 12 horas sin atención médica.
- Indemnización: La querella busca una indemnización de 50 millones de dólares y alega la violación de la Ley Bane de California, que prohíbe interferir en los derechos constitucionales mediante el uso de la fuerza.
Llamado Internacional
En agosto, se anunciaron demandas separadas de otros cinco ciudadanos y residentes permanentes que fueron detenidos arbitrariamente. El abogado de estos demandantes, Luis Carrillo, calificó las acciones de los agentes migratorios como «brutales» y espera que las querellas detengan el uso excesivo de la fuerza.
Ante la gravedad de la situación, Carrillo y otros activistas planean presentar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar una investigación sobre los abusos contra ciudadanos e inmigrantes.
