La decisión del gobierno peruano de clasificar a las personas transgénero como enfermas mentales es profundamente problemática y ha generado preocupación y rechazo por parte de la comunidad LGBTQ+ y de las organizaciones de derechos humanos en el país y a nivel internacional.
La clasificación de la transgeneridad y la diversidad de género como problemas de salud mental en el Decreto 009-2024 no solo viola los principios de la salud pública y los estándares internacionales de atención a la salud, sino que también perpetúa estigmas y discriminación contra las personas transgénero.
La comunidad LGBTQ+ y los activistas por los derechos humanos en Perú están exigiendo la derogación de esta clasificación, argumentando que no solo es discriminatoria, sino que también podría dar paso a violaciones a los derechos humanos, como la promoción de las terapias de conversión, que han sido ampliamente desacreditadas por la comunidad médica y la comunidad científica.
La situación es delicada y refleja la necesidad de una mayor protección de los derechos humanos y la diversidad de género en Perú. Es fundamental que el gobierno peruano escuche las voces de la comunidad LGBTQ+ y de las organizaciones de derechos humanos y adopte medidas para proteger los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su identidad de género.
