NUEVA YORK. La compañía de mensajería FedEx se convirtió este lunes en la primera gran corporación en demandar formalmente al Gobierno de los Estados Unidos tras el histórico fallo del Tribunal Supremo que invalidó la política arancelaria del presidente Donald Trump. La firma reclama la devolución íntegra de los pagos realizados bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA).
La acción civil, interpuesta ante la Corte Internacional de Comercio en Nueva York, señala como responsables al Gobierno federal, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a su comisionado, Rodney Scott. FedEx argumenta haber sufrido daños financieros directos al importar mercancías sujetas a estos gravámenes, los cuales fueron declarados inconstitucionales el pasado viernes.
El impacto financiero y el fallo del Supremo
- Cifras estimadas: Aunque la demanda no especifica el monto total de la compensación, FedEx había advertido previamente a sus inversionistas que estas tasas podrían representar un cargo de hasta 1,000 millones de dólares en su ejercicio fiscal 2026.
- Argumento legal: El Tribunal Supremo determinó que el uso de la IEEPA para imponer aranceles constituye una delegación excesiva de facultades, ya que el poder tributario es una reserva exclusiva del Congreso. El tribunal subrayó que los aranceles son, en esencia, impuestos aplicados a los ciudadanos.
- Alcance de la nulidad: El dictamen afecta la tarifa global del 10% a importaciones extranjeras, los gravámenes «recíprocos» y los aranceles adicionales del 25% que habían sido impuestos a socios comerciales estratégicos como México y Canadá.
Precedente para otras empresas
La demanda de FedEx marca el inicio de lo que analistas económicos prevén como una avalancha de litigios similares. Si bien otras empresas como Costco ya tenían procesos abiertos, el fallo del Supremo fortalece la posición de los importadores frente a Washington.
Este revés judicial representa uno de los mayores desafíos para la política económica de la administración Trump en su segundo mandato, al desmantelar una de sus principales herramientas de presión comercial internacional y abrir la puerta a reclamos multimillonarios por parte del sector privado.
