Playas de Rosarito, Baja California – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones financieras contra la exalcaldesa morenista de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, acusándola de tener nexos con el Cártel de Sinaloa para establecer un “imperio” criminal en la región.
La OFAC, en una acción contundente, señala a Brown de presuntamente colaborar con operadores de la facción «La Mayiza», liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias «El Mayito Flaco». Según el informe, la exalcaldesa, ahora diputada federal, habría utilizado su influencia política para garantizar protección a las actividades ilícitas del cártel en el gobierno municipal de Rosarito.
Red de corrupción y lavado de dinero
El informe de la OFAC detalla que dos operadores clave del cártel, el empresario local Jesús González Lomelí y el «agente político» Candelario Arcega Aguirre, sirvieron como intermediarios entre Brown y los hermanos Alfonso y René Arzate García, líderes de la facción en la zona. Su presunto «contubernio» tenía tres propósitos:
- Recaudar pagos de extorsión a nombre de los Arzate.
- Gestionar las operaciones del cártel en la región.
- Garantizar la protección de sus actividades criminales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.
Además de las sanciones a Brown y sus presuntos colaboradores, el Tesoro de EE.UU. incluyó en su lista negra a 15 empresas y cinco personas vinculadas a una red de lavado de dinero y tráfico de drogas. González Lomelí, descrito como un «magnate empresarial», habría utilizado su conglomerado de bares, restaurantes y resorts para blanquear millones de dólares del narcotráfico. Por su parte, Arcega Aguirre, además de su papel político, es señalado como dueño de una empresa de transporte público.
Rosarito, «una arteria clave» para el tráfico de drogas
La cercanía de Rosarito con la frontera de California la convierte en una «arteria clave» para el contrabando de drogas, según el Departamento del Tesoro. La OFAC señala que «La Mayiza» no solo se dedica al tráfico de sustancias sintéticas como el fentanilo, sino también a secuestros, extorsiones y corrupción en el gobierno local. El subsecretario John K. Hurley afirmó que el Cártel de Sinaloa es una «organización terrorista extranjera» que «continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales».
Las sanciones se dan en un contexto de reconfiguración del Cártel de Sinaloa, donde las facciones de «Los Mayos» y «Los Chapitos» compiten por el control territorial. Al cortar los flujos financieros de esta red, el gobierno estadounidense busca debilitar la capacidad operativa del cártel en una región fronteriza estratégica.
