Vivienda digna para México y LATAM

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Esta semana fue una donde el tema de la vivienda sonó mucho desde los medios de comunicación. Trascendió que, en México, el titular del Ejecutivo propone, a través de su último paquete de reformas, transformar al Infonavit en un “Instituto de la vivienda” que construya y ponga casas en renta a precios bajos. Y también fue la semana en la que la Red LATAM de Jóvenes Periodistas dio a conocer su estudio sobre lo que significa la “vivienda digna” para la juventud latinoamericana.

Transformar un viejo modelo
La reforma en materia de vivienda propuesta por AMLO reconoce que el modelo actualmente vigente parte de dos realidades: a los trabajadores mexicanos no les alcanza para costear una vivienda, por lo que las que existen (en los centros de poder) están vacías, o se llenan de extranjeros (gentrificación); en contraste, la mayoría de la fuerza de trabajo en las ciudades mexicanas, proviene de las periferias (con todo el coste que, en materia de movilidad, implica esto).

Así, la propuesta del Presidente quiere, a muy grandes rasgos, promover la reestructuración de lo que actualmente ofrece México en este sentido para consolidar un “pendiente histórico” con la clase trabajadora: hacer del Infonavit un centro constructor, así como ofertar precios y condiciones accesibles para la renta y, posterior compra, de un bien inmueble, al margen de la actual especulación inmobiliaria.

El trabajador con al menos un año de cotización en el seguro social será considerado para rentar la vivienda de la que el Infonavit es propietario. La mensualidad que pagará no podrá exceder el 30% de su salario. Si el trabajador cumple 10 años rentando la vivienda, tendrá el derecho de comprarla.

La oposición ha anunciado que dará su voto al oficialismo para aprobar esta reforma constitucional. Los especialistas advierten que los beneficios de la iniciativa únicamente alcanzarían a los empleados asalariados e independientes, y dejarían fuera a millones de trabajadores del sector informal.

Un problema regional
Según la CEPAL, en 2020 América Latina y el Caribe estaba compuesta por 211 millones de personas entre 15 y 34 años, un 32,5% de la población total de la región. Al menos el 50% son mujeres y, en promedio, 9% son personas LGBTI+.

En toda la región existe un creciente aumento en la informalidad laboral y esta suele estar marcada por inestabilidad en el trabajo, ingresos bajos o variables y falta de protección social, lo que afecta de forma directa el poder adquisitivo de los jóvenes y la posibilidad de acceder a créditos o programas habitacionales.

Según una recopilación de datos hecha para una investigación regional que comparó el salario mínimo en nueve países de la región y los precios del metro cuadrado (m2) de uso habitacional (en 2023), se necesitaría una media de 33 años de ahorro para la compra de una vivienda de 70m2; esto si se ahorra el 100% del sueldo básico mensual, porque si el porcentaje del salario destinado para la comprar del hogar es 25%, la media se eleva a 133 años de ahorros.

Desde el norte de México hasta la latitud más austral de Argentina, el proyecto Vivienda LATAM hace un recorrido regional por algunos intentos de soluciones al problema de la vivienda: desde un programa de créditos por el 100% del valor de una propiedad para jóvenes, hasta una cooperativa de la comunidad LGBTI+ que luchó por 20 años para acceder a su primera vivienda o subsidios de arriendo para víctimas de violencia de género.

Algunos de estos proyectos son apoyados por gobiernos u organismos financieros. Otros surgen de comunidades que han decidido autogestionar soluciones de vivienda para ellas mismas, con un apoyo gubernamental que va de moderado a casi nulo. Algunas han fracasado o quedado en un limbo. No obstante, unas pocas han logrado su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a pequeñas comunidades de personas.

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