El resultado de este domingo de las elecciones al parlamento de Cataluña genera más dudas que certezas. La victoria del Partido Socialista de Cataluña, a la que se agrega el crecimiento del Partido Popular y de Vox, exhibe un constitucionalismo que no se apreciaba desde hacía 24 años. Las fuerzas independentistas han sufrido un retroceso significativo.
Todo ello permite varias lecturas: en primer lugar, los catalanes están cansados de un proceso de independencia que se ha limitado a promesas siempre incumplidas, a costa de desatender las verdaderas necesidades de la ciudadanía. Esta realidad ha creado una desafección hacia el independentismo. Las encuestas que precedieron a la jornada de votación eran claras en las prioridades del votante: seguridad económica, estabilidad social y políticas destinadas a regularizar la inmigración. En ningún caso aparecía entre las preocupaciones la ley de amnistía que Pedro Sánchez se comprometió a aprobar a cambio de los apoyos de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya para que pudiera formar gobierno. Junts y Esquerra han centrado su campaña en la ley de amnistía que sólo beneficia a los políticos independentistas que procedieron al golpe de estado de 2017.
El ciudadano percibe que los políticos secesionistas utilizan sus cargos para beneficio propio en lugar de buscar el bien común. El mensaje de Carles Puigdemont, secretario general de Junts, y de Pere Aragonès, secretario general de Esquerra hasta este lunes, no ha llegado a una población cansada de una clase política que ha impuesto unos intereses que los ciudadanos no comparten. La consecuencia de la indiferencia de los partidos a las urgencias de la sociedad la han pagado con la indiferencia y la abstención.
El PSC es el único partido que podría formar gobierno con los votos de Junts y ERC, pero Carles Puigdemont no está dispuesto a facilitar la investidura. Esquerra ya ha declarado que se ubicará en la oposición renunciando a formar gobierno con el PSC y Junts. El problema reside en que el PSC, siendo la fuerza más votada, tiene la obligación de intentar la investidura de su candidato, Salvador Illa; en caso contrario, mostrará que el voto al PSC es inútil con la consiguiente dispersión de sus votantes. Sin embargo, Puigdemont ha amenazado a Sánchez con retirarle el apoyo que sostiene al gobierno central en caso de que no reciba la aprobación del PSC para acceder a la presidencia de la Generalitat.
La situación es delicada puesto que todo indica que habrá que volver a convocar elecciones el próximo otoño. Mientras tanto, Pedro Sánchez debe decidir si Salvador Illa se presenta a la investidura presidencial, lo que pondría en riesgo la continuidad de su gobierno, o apoya la de Puigdemont con los diputados del PSC. En este último caso, se evidenciará el uso particular de instituciones y partidos en beneficio únicamente de Sánchez.
Sea cual sea la decisión, Sánchez se encuentra en una difícil tesitura. Si permite que Illa se presente a la investidura, no es descartable que Puigdemont deje caer el gobierno español una vez aprobada la ley de amnistía; si apoya un hipotético gobierno de Puigdemont, el PSC seguramente recibirá un apoyo menos significativo que el que acaba de recibir abriendo una crisis en su partido de consecuencias impredecibles.
Finalmente, resta la incógnita de ERC. A raíz de los resultados de las últimas elecciones, los republicanos han decidido situarse como oposición, pero su mal resultado se debe al apoyo que han dado al gobierno de Pedro Sánchez. No parece que vayan a mejorar sus números en una nueva convocatoria electoral, a no ser que se alejen de las políticas de Sánchez. Esta distancia implicaría romper con el gobierno central e, incluso, retirarle su apoyo, cuya consecuencia sería la caída del gobierno de Sánchez. Por el momento, Pere Aragonès ha dimitido de su cargo de secretario general de ERC, ha entregado al partido su acta de diputado y permanecerá como presidente de la Generalitat hasta que se invista a un nuevo presidente. Ya sea por unos motivos o por otros, el gobierno de España corre serio peligro de disolverse.
En este caso, seguramente se volverán a convocar elecciones generales en otoño de este año, coincidiendo con las autonómicas.
Las elecciones catalanas exponen la situación política de una parte de España: políticos preocupados en sus intereses, que manipulan a la sociedad, que imponen sus prioridades a las de los ciudadanos, que chantajean al gobierno central que a su vez se deja chantajear para que Pedro Sánchez siga siendo unos meses más presidente del gobierno de España.
