Un juez federal vinculó a proceso a Simón Pedro de León Mojarro, ex coordinador de delegaciones de la extinta Sedesol durante la gestión de Rosario Robles, por su presunta participación en la suscripción de un contrato de más de 124 millones de pesos de manera ilegal en el caso de la Estafa Maestra.
El juez Juan José Hernández Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, ha decidido procesar al exfuncionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Considera que la Fiscalía General de la República (FGR) ha proporcionado suficientes pruebas para respaldar la imputación. Además, se le ratificó la prisión preventiva justificada, ya que existe un probable riesgo de fuga.
Simón Pedro de León Mojarro, originario de Zacatecas, fue detenido el 9 de octubre en las Lomas de Chapultepec. El caso gira en torno a un contrato firmado el 5 de marzo de 2015, en el que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pagó 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) para aplicar los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS). Estos cuestionarios se aplicarían en zonas rurales y semiurbanas para identificar a los pobres extremos alimentarios en las 32 entidades federativas.
Sin embargo, según la FGR, la UIEM subcontrató más del 49% del monto del contrato original, lo que incumplió con el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se destinarían 122 millones 650 mil 300 pesos en contratos a siete empresas y dos personas físicas entre el 6 de marzo y el 14 de diciembre de 2015.
A De León también se le atribuye no haber realizado un estudio de mercado ni publicado la convocatoria para licitar el contrato, lo que habría afectado a la hacienda pública al no obtener las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento.
La Auditoría Superior de la Federación denunció que la UIEM no proporcionó información sobre las subcontrataciones por 13 millones 943 mil 700 pesos y presentó documentos por el ejercicio de 47 millones 483 mil 800 pesos, pero estos no acreditaron la prestación de los servicios. De los restantes 61 millones 222 mil 800 pesos, se encontró que la empresa AM Sistemas Informáticos entregó algunos cuadernillos cuyo contenido coincidía con documentos previamente publicados en internet, lo que implicaba la falsificación de comprobantes de servicios.
Además de este caso, existen otras tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse contra De León, una de ellas por delincuencia organizada y lavado de 77 millones de pesos, relacionada con un contrato de encuestas «fantasma».
La FGR se espera que ejecute estas órdenes de aprehensión en prisión y realice nuevas audiencias de imputación y vinculación a proceso en los próximos días.
Por: Patricio Álvarez.
