Jean-François Revel, autor del clásico El conocimiento inútil (1988), inicia el volumen de manera
elocuente: “La primera de todas las mentiras que dirigen el mundo es la mentira”. La
afirmación cobra todo su sentido en la actualidad. El francés advertía que todas las actividades
destinadas al gobierno de países y relacionadas con la información estaban supeditadas a
intereses de una minoría. La democracia es un sistema imperfecto que delata sus
imperfecciones a la menor oportunidad. La separación de poderes promulgada por
Montesquieu siempre ha sido amenazada. A medida que aumentan políticos autoritarios que
buscan acaparar todo el poder se pervierte la separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. El
legislativo muestra su independencia respecto del ejecutivo en exclusiva si la mayoría no
pertenece al partido del Presidente de turno. En caso contrario, la independencia se esfuma en
automático. En rigor, el único poder que ejerce su independencia es el judicial. El
autoritarismo de los presidentes, en caso de que no sean verdaderamente demócratas, se
manifiesta en el acoso al que someten al poder judicial a la menor oportunidad. Casi siempre,
es el último poder que resiste los embates de la ambición política.
Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez, presidentes de México y España,
autoritarios y veleidosos, cautivados por la ambición, necesitados de justificar sus tropelías y su
impunidad, han iniciado la demolición del judicial. El asedio resulta más efectivo si
previamente se ha politizado como sucede en España. En México, el CNPJ todavía conserva
cierta autonomía en relación con los partidos políticos, a excepción de los últimos
nombramientos a propuesta de López Obrador. El presidente, limitado en su manipulación del
poder de los jueces, opta por que los miembros sean elegidos por votación popular
asegurándose conformar un poder judicial únicamente con leales a su proyecto, pero traidores
a la nación. Pedro Sánchez topa con otros obstáculos concentrados en el Tribunal Supremo
del Poder Judicial, último órgano judicial todavía independiente a diferencia de la Fiscalía y el
Tribunal Constitucional. Ante la necesidad de pactar la anticonstitucional ley de amnistía a
exigencias de los diputados del independentista Junts que permiten su gobernabilidad, necesita
renovar el último reducto independiente. En ambos casos, someten a los respectivos poderes
judiciales a un descrédito intolerable para hacer su voluntad.
La mentira para López Obrador y Sánchez es instrumento privilegiado de su discurso
político y también el argumento preferente para proponer, en un caso, que los jueces de la
Suprema Corte se sometan a elección popular; en otro, la renovación del Tribunal Supremo
como se consigna en la legislación del órgano. El presidente de España pretexta un artículo
legal para violar la constitución admitiendo la ley de amnistía. En realidad, sólo les interesa
librarse de impedimentos para actuar como plenos dictadores una vez cautivo el poder judicial.
La crisis de la democracia es severa, motivada por la de los partidos políticos. Sólo el poder
judicial asegura todavía su existencia, último baluarte sin el que en México regresará la
“dictadura perfecta” y en España a la situación previa a 1936.
