El 31 de enero, en ProPublica, el periodista Tim Gold publicó un reportaje en que reúne
testimonios que certifican que la campaña a la presidencia de López Obrador en 2006 fue
financiada por el narco. Frente a lo que se publicita, el reportero en ningún momento afirma
que el actual Presidente de México hubiera aceptado 2 millones de dólares para su campaña
electoral. Se limita a consignar testimonios que corroboran la entrega de ese dinero por parte
del cártel de Sinaloa a emisarios de Andrés Manuel. El artículo informa una transacción
económica en favor López Obrador según los testimonios recogidos. Carlos Loret de Mola, en
entrevista con Gold ayer en Latinus, preguntó al periodista en varias ocasiones la posibilidad de
que Andrés Manuel termine frente a un jurado popular en una corte norteamericana. Tim Gold
aseguró que en el contexto político actual entre ambas naciones no hay la más mínima
oportunidad de que eso ocurra. Pero no negó que haya indicios de los vínculos entre el
Presidente mexicano y el crimen organizado.
En la mañanera de ayer Andrés Manuel desmintió cualquier relación de favor con el
narcotráfico. Apeló a que no había pruebas sino solo testimonios. López Obrador olvidaba sus
celebraciones durante el proceso a Genaro García Luna, secretario de seguridad de Felipe
Calderón, que terminó en condena a falta de dictar sentencia. Durante el juicio a García Luna
no se presentó ni una sola prueba que avalara los testimonios de los testigos protegidos que
declararon en su contra. Andrés Manuel pide pruebas, también las pedía la defensa del
exsecretario de seguridad. López Obrador ha proclamado en varias ocasiones que en México,
bajo su administración, se ha reforzado el Estado de Derecho. La piedra angular del Estado de
Derecho reside en la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Si testimonios y no pruebas
condenaron a García Luna, testimonios y no pruebas deberían de condenar a López Obrador.
Con un agravante. Genaro García Luna era secretario de seguridad de Felipe Calderón, Andrés
Manuel López Obrador es el secretario de seguridad del Presidente Andrés Manuel López
Obrador. Rosa Icela Rodríguez que figura nominalmente en el cargo se dedica a servir tamales
de chipilín al Presidente, generales y almirantes en las juntas que se organizan cada mañana. En
atención a los resultados, esas juntas sólo sirven para reunirse, darse los buenos días, comentar
los resultados de los partidos de fútbol del día anterior y probar los famosos tamales de chipilín
obsequiados por la secretaria de seguridad.
De repente todo cobra sentido: la liberación de Ovidio Guzmán, las visitas rituales a la
mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato, las acusaciones a los abuelos de los sicarios de que
se portan mal, el despliegue y militarización del país para que el ejército y la guardia nacional se
enfrente con ciudadanos y se haga de la vista gorda con los criminales, las concesiones de
aduanas y puertos a la SEDENA, etcétera. López Obrador es García Luna. Que se proceda
judicialmente en su contra no es relevante. Lo relevante, según los testimonios, es la estrecha
colaboración entre Andrés Manuel y el crimen organizado primero como candidato y luego
como Presidente. Las pruebas no son necesarias como no lo fueron en el juicio de García
Luna. Bastan los testimonios como bastaron en el juicio de García Luna. Y, por lo visto,
sobran los testimonios.
