Las denuncias de las diputadas y alcaldes del PAN y del PRI en Nuevo León contra el gobernador Samuel García son graves y preocupantes.
Las acusaciones de las legisladoras incluyen clausura de negocios, intimidación a familias y amigos, y violencia política en razón de género.
Las denuncias de los alcaldes incluyen la inacción del gobernador ante la crisis de agua, la falta de apoyo a los municipios, y la negativa a publicar decretos aprobados por el Congreso.
Si las acusaciones son ciertas, Samuel García estaría cometiendo delitos y violando la ley.
El gobernador de Nuevo León debe responder a estas denuncias de manera inmediata y contundente.
Debe aclarar si las acusaciones son ciertas y, si lo son, debe tomar medidas para remediar la situación.
Si las acusaciones no son ciertas, el gobernador debe desmentirlas y presentar pruebas de su inocencia.
La ciudadanía de Nuevo León merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo en su estado.
Las denuncias de las diputadas y alcaldes son una oportunidad para que el gobernador Samuel García demuestre que está comprometido con el Estado de Derecho y con la democracia.
Si el gobernador no responde a estas denuncias de manera adecuada, su credibilidad y su legitimidad se verán socavadas.
Pora: Patricio Álvarez.
