El Observatorio Ciudadano CEPNA dos mil veintiséis-dos mil veintisiete solicitó a la Cámara de Diputados integrar de inmediato un Comité Técnico de Evaluación mediante consenso político para conducir el proceso de elección de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral. A través de un pronunciamiento suscrito por especialistas y juristas como Jorge Alcocer, José Ramón Cossío, Jesús Orozco Henríquez y Diego Valadés, la organización demandó que se postulen perfiles con acreditada capacidad directiva, integridad personal y compromiso ético para encabezar el órgano comicial.
De acuerdo con el diagnóstico expuesto por el colectivo ciudadano, las denuncias de presunta corrupción vinculadas con la gestión de Guadalupe Taddei han generado una crisis de credibilidad institucional dentro de la autoridad electoral. Asimismo, se señaló que el bloque legislativo oficialista ha postergado la presentación de la convocatoria correspondiente ante el pleno bajo el argumento de construir acuerdos previos, por lo que se dirigió un llamado a la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para actuar con responsabilidad democrática y contribuir a restaurar la confianza pública en el instituto.
Para garantizar la imparcialidad del relevo, el observatorio planteó que el órgano evaluador quede conformado por especialistas en materia electoral con reconocido prestigio, independencia y honorabilidad. Esta estructura contempla la designación de tres integrantes por parte de la Junta de Coordinación Política y dos más por la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, replicando el mecanismo institucional diseñado para blindar la selección frente a intereses partidistas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política, la Cámara de Diputados debe emitir una convocatoria pública con plazos definidos para que dicho comité evalúe la idoneidad de los aspirantes e integre una quinteta que será sometida a votación del pleno, requiriéndose una mayoría calificada de dos terceras partes para su aprobación. En caso de no alcanzarse el consenso legislativo dentro de los tiempos legales, la normativa establece la insaculación directa entre los perfiles finalistas en el recinto parlamentario o, en última instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumpliendo con el mandato de designar al sustituto en el más breve plazo.


