El Instituto Nacional Electoral formalizó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República para solicitar la investigación de hechos presuntamente constitutivos de delito relacionados con la administración de los fondos institucionales. La representación del organismo solicitó la intervención de las autoridades federales para realizar las indagatorias pertinentes dentro de su ámbito competencial e identificar las responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar.
La determinación de acudir a las instancias persecutorias de delitos responde a los principios institucionales de protección de la legalidad, la transparencia y el resguardo de la Hacienda pública sin menoscabo de los cargos, periodos de gestión o jerarquías de las personas eventualmente involucradas. La postura oficial del ente colegiado enfatiza la aplicación de una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta irregular que afecte el desarrollo de las funciones constitucionales encomendadas a la autoridad electoral.
El procedimiento legal se suma a las revisiones administrativas derivadas de las recientes transiciones en la conducción del organismo y a las indagatorias por la asignación de contratos en ejercicios fiscales previos. La actuación institucional busca asegurar la rendición de cuentas, la colaboración con las autoridades investigadoras y la debida fiscalización de los insumos operativos asignados al cumplimiento de la función electoral.
Las instancias del Ministerio Público de la Federación darán inicio a la integración de la carpeta de investigación correspondiente para el desahogo de los indicios y la práctica de las diligencias ministeriales a que haya lugar. El órgano electoral mantendrá el seguimiento a los requerimientos de información formulados por los peritos y agentes ministeriales designados al caso.
